El bajo nivel de credibilidad en las políticas públicas tiene una causa: el uso discrecional de los recursos públicos. La ausencia de planeación del gasto público que genera que cada año no coincida el presupuesto aprobado con el presupuesto ejercido, generando la persistencia e incremento de grandes problemas sociales; esto ha sido documentado en la investigación realizada por México Evalúa, titulada Arquitectura del Ramo 23, el cual es un análisis de cómo se gasta, cómo se financia y qué patrones sigue el gasto en México.
El ejercicio del gasto público ha sido atrapado por intereses políticos y no para solucionar problemas públicos, la sociedad sabe esto, lo percibe de manera cotidiana, no se le puede engañar. La desigualdad persiste, a la educación aún le falta mucho para ser de calidad, hay déficit en materia de salud, la inseguridad se incrementa, el medio ambiente se deteriora de manera acelerada, la infraestructura urbana es deficiente, la investigación científica es incipiente; son pocos recursos públicos y son pobremente aprovechados.
Se ha avanzado en el monitoreo y evaluación del gasto público, el cual se ejerce con reglas de operación, lo que quiere decir que cada año se revisan su estructuras, reglas y procedimientos, pero su aplicación por parte de quienes aplican recursos es aún discrecional; pero el problema central identificado por México Evalúa está en los ingresos adicionales obtenidos, los cuales para el periodo que comprende 2001 – 2006 ascendieron a 151,242 millones de pesos, para el periodo 2007 – 2012 fueron 259,609 millones y para 2013 – 2017 representaron un total de 293,555 millones de pesos.
La distribución de estos recursos adicionales se hace de manera discrecional, en su mayoría se van al Ramo 23, el cual no cuenta con reglas de operación para su ejercicio; este ramo del presupuesto atiende contingencias y situaciones de emergencias de distinta naturaleza y el cual gasta más de lo presupuestado, solamente para el periodo de 2013 – 2017 el ramo tuvo un sobrejercicio de 494 mil millones de pesos; lo cual refleja una planeación ineficiente del presupuesto de egresos del gobierno federal.
Los recursos del Ramo 23 se distribuyen de manera discrecional a los gobiernos locales y utilizando criterios que en su mayoría son políticos, lo cual se hace utilizando tres programas que funcionan sin reglas de operación, estos son: programas regionales; contingencias económicas y fortalecimiento financiero. Estos programas tuvieron una aprobación presupuestal por 22 mil millones de pesos en el periodo 2013 – 2017, no obstante, se ejercieron 318 mil millones de pesos.
La distribución del Ramo 23 se hace con criterios y afinidad política, el año previo a las elecciones presidenciales de 2012, los estados más beneficiados con recursos de este ramo fueron: Sonora y Guanajuato, gobernados por el mismo partido del presidente de la república; para 2017, también año previo a elecciones federales, el patrón de comportamiento se replicó, los estados con mayores recursos fueron: Estado de México, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Sinaloa, seis del partido del presidente y dos del PRD.
El estudio de México Evalúa del Ramo 23 hace grandes aportaciones y genera la necesidad de una reflexión más profunda: esta partida presupuestaria opera con grandes márgenes de flexibilidad, lo cual propicia su discrecionalidad, abuso, arbitrariedad y poca transparencia en su aplicación. Esto sin duda es percibido por la sociedad, no con precisión, pero sí con intuición, porque los resultados de política pública se perciben de bajo impacto, al no ser decisiones racionalmente planeadas.
Además, el estudio de México Evalúa presenta evidencia empírica que nos muestra un déficit en la planeación de los ingresos de la administración pública, cuyos recursos permiten financiar sobrejercicio en el gasto público; esto también responde a ejercicios sin planeación, en este sentido la democracia no ha sido la solución, ya que no ha generado los contrapesos en el congreso que con capacidad técnica detenga esta situación de improvisación y politización en el ejercicio del gasto público.
Dado que los recursos adicionales obtenidos por la administración pública son distribuidos sin autorización del congreso, en la opacidad. Cada año se distribuyen miles de millones de pesos sin criterios claros, solo en el periodo de 2013 a 2017 se ejercieron recursos que representan catorce veces más de lo aprobado por el legislativo, con una tendencia a utilizarlos por criterios de afinidad política, los gobiernos locales han permanecido en silencio ante esta situación.
Ante la evidencia empírica encontrada por México Evalúa surge una duda: ¿qué está pasando en los gobiernos locales?, ¿la situación en el ejercicio del gasto público federal se reproduce?, una respuesta inmediata es que sí, pero sin duda se requiere reproducir el estudio a nivel local, utilizando la misma metodología, que permita comprobar con evidencia empírica lo que se intuye, sin duda con ello se estaría contribuyendo a tener un mejor ejercicio del gasto en lo local.
Finalmente, en materia de recursos públicos, la modernización de la administración pública no ha podido generar los mecanismos de monitoreo y evaluación de los recursos adicionales recaudados, tampoco implementado criterios técnicos para su distribución y ejercicio; la democracia no ha podido generar los contrapesos políticos que se requieren para mejorar la calidad en el ejercicio de los recursos públicos. Estos son dos grandes pendientes que debemos tener en cuenta en estos momentos, en los que se van a tomar decisiones electorales para redefinir la estructura de poder en México.
Twiter @jszslp
El ejercicio del gasto público ha sido atrapado por intereses políticos y no para solucionar problemas públicos, la sociedad sabe esto, lo percibe de manera cotidiana, no se le puede engañar. La desigualdad persiste, a la educación aún le falta mucho para ser de calidad, hay déficit en materia de salud, la inseguridad se incrementa, el medio ambiente se deteriora de manera acelerada, la infraestructura urbana es deficiente, la investigación científica es incipiente; son pocos recursos públicos y son pobremente aprovechados.
Se ha avanzado en el monitoreo y evaluación del gasto público, el cual se ejerce con reglas de operación, lo que quiere decir que cada año se revisan su estructuras, reglas y procedimientos, pero su aplicación por parte de quienes aplican recursos es aún discrecional; pero el problema central identificado por México Evalúa está en los ingresos adicionales obtenidos, los cuales para el periodo que comprende 2001 – 2006 ascendieron a 151,242 millones de pesos, para el periodo 2007 – 2012 fueron 259,609 millones y para 2013 – 2017 representaron un total de 293,555 millones de pesos.
La distribución de estos recursos adicionales se hace de manera discrecional, en su mayoría se van al Ramo 23, el cual no cuenta con reglas de operación para su ejercicio; este ramo del presupuesto atiende contingencias y situaciones de emergencias de distinta naturaleza y el cual gasta más de lo presupuestado, solamente para el periodo de 2013 – 2017 el ramo tuvo un sobrejercicio de 494 mil millones de pesos; lo cual refleja una planeación ineficiente del presupuesto de egresos del gobierno federal.
Los recursos del Ramo 23 se distribuyen de manera discrecional a los gobiernos locales y utilizando criterios que en su mayoría son políticos, lo cual se hace utilizando tres programas que funcionan sin reglas de operación, estos son: programas regionales; contingencias económicas y fortalecimiento financiero. Estos programas tuvieron una aprobación presupuestal por 22 mil millones de pesos en el periodo 2013 – 2017, no obstante, se ejercieron 318 mil millones de pesos.
La distribución del Ramo 23 se hace con criterios y afinidad política, el año previo a las elecciones presidenciales de 2012, los estados más beneficiados con recursos de este ramo fueron: Sonora y Guanajuato, gobernados por el mismo partido del presidente de la república; para 2017, también año previo a elecciones federales, el patrón de comportamiento se replicó, los estados con mayores recursos fueron: Estado de México, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Sinaloa, seis del partido del presidente y dos del PRD.
El estudio de México Evalúa del Ramo 23 hace grandes aportaciones y genera la necesidad de una reflexión más profunda: esta partida presupuestaria opera con grandes márgenes de flexibilidad, lo cual propicia su discrecionalidad, abuso, arbitrariedad y poca transparencia en su aplicación. Esto sin duda es percibido por la sociedad, no con precisión, pero sí con intuición, porque los resultados de política pública se perciben de bajo impacto, al no ser decisiones racionalmente planeadas.
Además, el estudio de México Evalúa presenta evidencia empírica que nos muestra un déficit en la planeación de los ingresos de la administración pública, cuyos recursos permiten financiar sobrejercicio en el gasto público; esto también responde a ejercicios sin planeación, en este sentido la democracia no ha sido la solución, ya que no ha generado los contrapesos en el congreso que con capacidad técnica detenga esta situación de improvisación y politización en el ejercicio del gasto público.
Dado que los recursos adicionales obtenidos por la administración pública son distribuidos sin autorización del congreso, en la opacidad. Cada año se distribuyen miles de millones de pesos sin criterios claros, solo en el periodo de 2013 a 2017 se ejercieron recursos que representan catorce veces más de lo aprobado por el legislativo, con una tendencia a utilizarlos por criterios de afinidad política, los gobiernos locales han permanecido en silencio ante esta situación.
Ante la evidencia empírica encontrada por México Evalúa surge una duda: ¿qué está pasando en los gobiernos locales?, ¿la situación en el ejercicio del gasto público federal se reproduce?, una respuesta inmediata es que sí, pero sin duda se requiere reproducir el estudio a nivel local, utilizando la misma metodología, que permita comprobar con evidencia empírica lo que se intuye, sin duda con ello se estaría contribuyendo a tener un mejor ejercicio del gasto en lo local.
Finalmente, en materia de recursos públicos, la modernización de la administración pública no ha podido generar los mecanismos de monitoreo y evaluación de los recursos adicionales recaudados, tampoco implementado criterios técnicos para su distribución y ejercicio; la democracia no ha podido generar los contrapesos políticos que se requieren para mejorar la calidad en el ejercicio de los recursos públicos. Estos son dos grandes pendientes que debemos tener en cuenta en estos momentos, en los que se van a tomar decisiones electorales para redefinir la estructura de poder en México.
Twiter @jszslp