B07
Cada vez (me) resulta más difícil seguir la lógica del presidente López Obrador; entender sus razones en torno a cuestiones de la mayor importancia para la vida colectiva del país.
Desde que era Presidente Electo, AMLO dejó claro que una vez asumido el cargo no tendría un interés particular en indagar, perseguir y sancionar los (numerosos, graves y notorios) hechos de corrupción del pasado. Insistió en que eso “empantanaría” a su administración y le dificultaría alcanzar los propósitos trascendentales de la Cuarta Transformación. En todo caso, su compromiso firme era evitar que la corrupción continuara en su sexenio.
Ante la fuerte oleada de opinión desaprobatoria que ese posicionamiento le produjo, matizó y salió del paso diciendo que posteriormente, en marzo siguiente, convocaría a una consulta popular para que la gente se expresara, y que si su decisión mayoritaria era perseguir a los corruptos de sexenios anteriores, ex Presidentes de la República incluidos, acataría el mandato del pueblo. Advirtió, no obstante, que previo a la consulta él, por coherencia mínima, insistiría en el borrón y cuenta nueva.
Sobre este tema, así estaban las cosas al iniciar el mandato lopezobradorista el pasado primero de diciembre. Podía estarse o no de acuerdo con su postura, pero había cierta claridad: preferiría perdonar los estragos de la corrupción pretérita y aplicarse a que no se reprodujeran en su gobierno, para dedicar tiempo, energía y recursos a los profundos cambios de la 4T. En ningún momento desde el inicio de la administración se ha modificado el propósito anunciado a mediados de noviembre pasado en el sentido de someter tan delicado asunto a consulta popular en marzo.
En tales circunstancias, resulta difícil entender cómo es que un día sí y otro también se hacen públicas –la mayoría de las veces por AMLO en persona- verdaderas atrocidades producto de la corrupción de años y sexenios anteriores, incluyendo casos graves que involucran al Poder Judicial Federal desde su cabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abajo. Lo mismo se denuncian intenciones de devolver 35 mil millones de pesos de impuestos a particulares y excesos faraónicos de la Presidencia peñista (automóviles de 7 millones de pesos) que sueldos de 700 mil pesos mensuales en el Infonavit o huachicoleos dentro del propio Pemex; nuevas derivaciones de la llamada Estafa Maestra o saqueos inmisericordes en innumerables dependencias.
Resulta difícil entender, decíamos, que prácticamente a diario se atice la hoguera de la indignación popular y se mantenga –en ningún momento se ha suprimido o modificado- la intención de consultar en breve al pueblo sobre si castigar o no esos latrocinios, con la declarada opinión en contrario de López Obrador, convertido ahora en el incendiario que todos los días arroja gasolina sobre la lumbre.
Hace apenas unos días el Jefe del Ejecutivo Federal, en el contexto de la revelación de que en la Suprema Corte se preparaba un fallo a favor de ex socios del Grupo Modelo para obligar a Hacienda a devolverles 35 mil millones de pesos de impuestos, dejó ver su exasperación con esta clase de descubrimientos al lanzar ante micrófonos, cámaras y grabadoras un sonoro “¡El pueblo se cansa de tanta pinche transa!”.
Nadie se cansa por una faena no realizada o por una probable fatiga del futuro. Es obvio que la percepción lopezobradorista del cansancio popular ante tanta transa se refiere a hechos del pasado, esos que hasta el día de hoy mantiene envueltos en su declaración de que no quiere perseguirlos para no empantanarse. Si esta postura es inamovible, para qué inflamar la indignación popular. O si ya cambió de parecer por qué callarlo y seguir dejando correr la expectativa de una consulta popular que bien pudiera transformarse en una catarsis de alcances impredecibles.
Por lo demás, no hay registro de que López Obrador se haya percatado de que su posición de querer cerrar los ojos ante los excesos, abusos y atracos del pasado ha caído como anillo al dedo a algunos gobernadores -el nuestro incluido- que desde hace años decidieron fingir demencia ante la corrupción, pero no sólo la anterior sino también la actual. Vaya favor que les hizo.
LAS DISPUTAS INMOBILIARIAS
En nuestra columna del pasado 10 de enero decíamos que la mayor parte del Cabildo gallardista 2015-2018 (11 de sus 18 integrantes) enfrentan el riesgo de ser enjuiciados e ir a la cárcel por haber desacatado un fallo del Poder Judicial Federal y por haber dispuesto ilegalmente un cambio de uso de suelo. Todo esto referido al terreno de 68 mil metros cuadrados propiedad del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez que se benefició con la modificación, no obstante que 45 mil de esos metros cuadrados están dentro del polígono de un Área Natural Protegida denominada “Paseo de la Presa”, parte a su vez de lo que fuera el rancho San José de Buenavista.
Los involucrados en este asunto cometieron por lo menos dos delitos, uno de carácter federal y otro del fuero común. Entre ambos, entrañan la posibilidad de penas de prisión por un mínimo de 6 y un máximo de 18 años, multas de cientos de miles de pesos e inhabilitaciones hasta por nueve años para ocupar cargos públicos.
La amenaza que hoy se cierne sobre esos ex integrantes del Cabildo municipal es seria y se plantea en dos frentes. El origen, en una apretada síntesis, es que en enero del año pasado el Octavo Juzgado de Distrito tramitó una demanda de amparo promovida por la ONG ambientalista “Cambio de Ruta”, para que se formulara y expidiera el plan de manejo y conservación del Área Natural Protegida (ANP) conocida como “Paseo de la Presa”, cuya superficie es de 344 hectáreas.
Esto, porque en ausencia de ese plan cabía la posibilidad de que una parte del ANP se urbanizara, ya que había quienes alegaban ser propietarios de 4.5 hectáreas y estaban gestionando un cambio de uso de suelo (nada más y nada menos que el propio alcalde RGJ, quien había comprado poco antes esa superficie, junto con otras 2.3 hectáreas fuera del área protegida).
Dentro del juicio de amparo promovido por “Cambio de Ruta”, la juez de la causa concedió una suspensión provisional, lo que implica que las cosas debían quedar como estaban en ese momento, hasta en tanto se dictaba una resolución de fondo.
No obstante ese mandato judicial federal, en sesión ordinaria del 30 de agosto del 2018 (un mes antes de concluir su trienio) el Cabildo capitalino, bajo la conducción del secretario del Ayuntamiento Ernesto Barajas Ábrego y encabezado por el alcalde Gallardo Juárez, aprobó el cambio de uso de suelo al predio de RGJ.
Esta determinación viola por lo menos un artículo del Código Penal del estado (el 307) y uno de la Ley de Amparo (262), que contemplan las penalidades ya señaladas. En el caso del fuero común, para que la fiscalía proceda requiere que se le presente una denuncia por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, lo que es muy poco probable que ocurra, pero que puede ser forzado por un nuevo amparo.
La cosa se pone más interesante en el frente federal, porque la violación de una suspensión de amparo se persigue de oficio; es decir, no hace falta denuncia o querella, basta que el Ministerio Público Federal tenga conocimiento del asunto, como ya lo tiene al haber sido notificado por el juzgado de distrito.
Quienes están en riesgo de pisar la cárcel por (entre otros) este asunto son el ex alcalde Gallardo Juárez, los siete regidores perredistas Ana María Palacios Rodríguez, Isaac Ramos López, María Sanjuana Balderas Andrade, Juan Carlos Torres Cedillo, Ana Cristina Silva Velázquez, Gerardo Gutiérrez Turrubiartes y Blanca Angelina Díaz Palma; también, el regidor petista Mauricio Rosales Castillo, y los síndicos Miguel Ángel Contreras y María de la Luz Camarillo Morquecho. Barajas Ábrego no es integrante con voto del Cabildo, pero igual puede encontrársele algún tipo de responsabilidad legal.
En condiciones normales, este asunto podría ir al archivo muerto de las instancias locales y caminar a paso de tortuga en la esfera federal, salvo que hay un factor disruptivo en juego: ha despertado el interés de los altos mandos de Morena, quienes lo han acercado a la Oficina de la Presidencia de la República.
Desplazándonos unos cuantos kilómetros al sur, les diremos que el proyecto de asociación inmobiliaria entre comuneros de San Juan de Guadalupe y empresarios locales (excepto uno), cada día se complica más. El ultimo intento de reanudar la asamblea comunitaria, el domingo pasado, fracasó por la sencilla razón de que la Procuraduría Agraria se niega a asistir. Y las razones que tiene para hacerlo es que no ha emitido su opinión y que no lo ha hecho porque la Comunidad no le ha proporcionado toda la documentación que determina la ley. En este tema, también, hay actores nuevos: diputados federales de Morena, motivados por el único potosino de ese partido, ya pusieron el asunto bajo la lupa.
COMPRIMIDOS
En el caso del supuesto atentado contra el diputado El Mijis, que nadie se sorprenda si al final de las investigaciones resulta que las cosas no ocurrieron como lo dicen el propio legislador y sus acompañantes. Igual, que cualquiera que hayan sido las motivaciones del incidente, nada tienen que ver con sus responsabilidades legislativas y ni siquiera políticas. Son más bien cosas de sus quehaceres privados.
Ya instalado en la dirigencia estatal del PRI, para ni tropezarse ni dar palos de ciego ni luego lamentarse, Elías Pesina debe tener clara una cuestión: el enemigo lo tiene en casa. Una primera pista: el hombre más poderoso del gobierno y de la política estatales, El Caco Leal, patrocina, promueve, conduce y consolida un proyecto político de cara al 2021 que podrá ser bueno o no, exitoso o quién sabe, pero que definitivamente no es priísta. Y Juan Manuel lo respalda porque tampoco muere de amor tricolor.
Consciente de que su propósito y compromiso de no dejar en la impunidad la corrupción del trienio gallardista carece de respaldo en el Gobierno del Estado, el alcalde Xavier Nava comenzó a buscar y consolidar apoyos ad hoc en los niveles federales. Mal no le ha ido. Hace un mes, estuvo con un expediente muy completo en Gobernación, donde les interesó tanto que le pidieron retrasar su regreso a San Luis para que fuera a otra dependencia, a la que llegado el caso correspondería operar denuncias y demás, donde ya lo estaba esperando su titular.
Definitivamente tiene tintes patológicos la resistencia del gobernador Carreras a los cambios. Al final del día, hace tres semanas solamente hizo los obligados por la renuncia de José Luis Ugalde en Finanzas y la de Pesina en la Oficialía Mayor. La de la SCT sigue en el aire y podría quedarse ahí hasta el final del sexenio, y ni qué decir de tantas otras que son obviamente necesarias y convenientes. Hay cosas que no tienen remedio.
Una disculpa por la ausencia reciente, pero las vicisitudes de la salud rara vez se anuncian. Hasta el próximo jueves (espero).
Cada vez (me) resulta más difícil seguir la lógica del presidente López Obrador; entender sus razones en torno a cuestiones de la mayor importancia para la vida colectiva del país.
Desde que era Presidente Electo, AMLO dejó claro que una vez asumido el cargo no tendría un interés particular en indagar, perseguir y sancionar los (numerosos, graves y notorios) hechos de corrupción del pasado. Insistió en que eso “empantanaría” a su administración y le dificultaría alcanzar los propósitos trascendentales de la Cuarta Transformación. En todo caso, su compromiso firme era evitar que la corrupción continuara en su sexenio.
Ante la fuerte oleada de opinión desaprobatoria que ese posicionamiento le produjo, matizó y salió del paso diciendo que posteriormente, en marzo siguiente, convocaría a una consulta popular para que la gente se expresara, y que si su decisión mayoritaria era perseguir a los corruptos de sexenios anteriores, ex Presidentes de la República incluidos, acataría el mandato del pueblo. Advirtió, no obstante, que previo a la consulta él, por coherencia mínima, insistiría en el borrón y cuenta nueva.
Sobre este tema, así estaban las cosas al iniciar el mandato lopezobradorista el pasado primero de diciembre. Podía estarse o no de acuerdo con su postura, pero había cierta claridad: preferiría perdonar los estragos de la corrupción pretérita y aplicarse a que no se reprodujeran en su gobierno, para dedicar tiempo, energía y recursos a los profundos cambios de la 4T. En ningún momento desde el inicio de la administración se ha modificado el propósito anunciado a mediados de noviembre pasado en el sentido de someter tan delicado asunto a consulta popular en marzo.
En tales circunstancias, resulta difícil entender cómo es que un día sí y otro también se hacen públicas –la mayoría de las veces por AMLO en persona- verdaderas atrocidades producto de la corrupción de años y sexenios anteriores, incluyendo casos graves que involucran al Poder Judicial Federal desde su cabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abajo. Lo mismo se denuncian intenciones de devolver 35 mil millones de pesos de impuestos a particulares y excesos faraónicos de la Presidencia peñista (automóviles de 7 millones de pesos) que sueldos de 700 mil pesos mensuales en el Infonavit o huachicoleos dentro del propio Pemex; nuevas derivaciones de la llamada Estafa Maestra o saqueos inmisericordes en innumerables dependencias.
Resulta difícil entender, decíamos, que prácticamente a diario se atice la hoguera de la indignación popular y se mantenga –en ningún momento se ha suprimido o modificado- la intención de consultar en breve al pueblo sobre si castigar o no esos latrocinios, con la declarada opinión en contrario de López Obrador, convertido ahora en el incendiario que todos los días arroja gasolina sobre la lumbre.
Hace apenas unos días el Jefe del Ejecutivo Federal, en el contexto de la revelación de que en la Suprema Corte se preparaba un fallo a favor de ex socios del Grupo Modelo para obligar a Hacienda a devolverles 35 mil millones de pesos de impuestos, dejó ver su exasperación con esta clase de descubrimientos al lanzar ante micrófonos, cámaras y grabadoras un sonoro “¡El pueblo se cansa de tanta pinche transa!”.
Nadie se cansa por una faena no realizada o por una probable fatiga del futuro. Es obvio que la percepción lopezobradorista del cansancio popular ante tanta transa se refiere a hechos del pasado, esos que hasta el día de hoy mantiene envueltos en su declaración de que no quiere perseguirlos para no empantanarse. Si esta postura es inamovible, para qué inflamar la indignación popular. O si ya cambió de parecer por qué callarlo y seguir dejando correr la expectativa de una consulta popular que bien pudiera transformarse en una catarsis de alcances impredecibles.
Por lo demás, no hay registro de que López Obrador se haya percatado de que su posición de querer cerrar los ojos ante los excesos, abusos y atracos del pasado ha caído como anillo al dedo a algunos gobernadores -el nuestro incluido- que desde hace años decidieron fingir demencia ante la corrupción, pero no sólo la anterior sino también la actual. Vaya favor que les hizo.
LAS DISPUTAS INMOBILIARIAS
En nuestra columna del pasado 10 de enero decíamos que la mayor parte del Cabildo gallardista 2015-2018 (11 de sus 18 integrantes) enfrentan el riesgo de ser enjuiciados e ir a la cárcel por haber desacatado un fallo del Poder Judicial Federal y por haber dispuesto ilegalmente un cambio de uso de suelo. Todo esto referido al terreno de 68 mil metros cuadrados propiedad del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez que se benefició con la modificación, no obstante que 45 mil de esos metros cuadrados están dentro del polígono de un Área Natural Protegida denominada “Paseo de la Presa”, parte a su vez de lo que fuera el rancho San José de Buenavista.
Los involucrados en este asunto cometieron por lo menos dos delitos, uno de carácter federal y otro del fuero común. Entre ambos, entrañan la posibilidad de penas de prisión por un mínimo de 6 y un máximo de 18 años, multas de cientos de miles de pesos e inhabilitaciones hasta por nueve años para ocupar cargos públicos.
La amenaza que hoy se cierne sobre esos ex integrantes del Cabildo municipal es seria y se plantea en dos frentes. El origen, en una apretada síntesis, es que en enero del año pasado el Octavo Juzgado de Distrito tramitó una demanda de amparo promovida por la ONG ambientalista “Cambio de Ruta”, para que se formulara y expidiera el plan de manejo y conservación del Área Natural Protegida (ANP) conocida como “Paseo de la Presa”, cuya superficie es de 344 hectáreas.
Esto, porque en ausencia de ese plan cabía la posibilidad de que una parte del ANP se urbanizara, ya que había quienes alegaban ser propietarios de 4.5 hectáreas y estaban gestionando un cambio de uso de suelo (nada más y nada menos que el propio alcalde RGJ, quien había comprado poco antes esa superficie, junto con otras 2.3 hectáreas fuera del área protegida).
Dentro del juicio de amparo promovido por “Cambio de Ruta”, la juez de la causa concedió una suspensión provisional, lo que implica que las cosas debían quedar como estaban en ese momento, hasta en tanto se dictaba una resolución de fondo.
No obstante ese mandato judicial federal, en sesión ordinaria del 30 de agosto del 2018 (un mes antes de concluir su trienio) el Cabildo capitalino, bajo la conducción del secretario del Ayuntamiento Ernesto Barajas Ábrego y encabezado por el alcalde Gallardo Juárez, aprobó el cambio de uso de suelo al predio de RGJ.
Esta determinación viola por lo menos un artículo del Código Penal del estado (el 307) y uno de la Ley de Amparo (262), que contemplan las penalidades ya señaladas. En el caso del fuero común, para que la fiscalía proceda requiere que se le presente una denuncia por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, lo que es muy poco probable que ocurra, pero que puede ser forzado por un nuevo amparo.
La cosa se pone más interesante en el frente federal, porque la violación de una suspensión de amparo se persigue de oficio; es decir, no hace falta denuncia o querella, basta que el Ministerio Público Federal tenga conocimiento del asunto, como ya lo tiene al haber sido notificado por el juzgado de distrito.
Quienes están en riesgo de pisar la cárcel por (entre otros) este asunto son el ex alcalde Gallardo Juárez, los siete regidores perredistas Ana María Palacios Rodríguez, Isaac Ramos López, María Sanjuana Balderas Andrade, Juan Carlos Torres Cedillo, Ana Cristina Silva Velázquez, Gerardo Gutiérrez Turrubiartes y Blanca Angelina Díaz Palma; también, el regidor petista Mauricio Rosales Castillo, y los síndicos Miguel Ángel Contreras y María de la Luz Camarillo Morquecho. Barajas Ábrego no es integrante con voto del Cabildo, pero igual puede encontrársele algún tipo de responsabilidad legal.
En condiciones normales, este asunto podría ir al archivo muerto de las instancias locales y caminar a paso de tortuga en la esfera federal, salvo que hay un factor disruptivo en juego: ha despertado el interés de los altos mandos de Morena, quienes lo han acercado a la Oficina de la Presidencia de la República.
Desplazándonos unos cuantos kilómetros al sur, les diremos que el proyecto de asociación inmobiliaria entre comuneros de San Juan de Guadalupe y empresarios locales (excepto uno), cada día se complica más. El ultimo intento de reanudar la asamblea comunitaria, el domingo pasado, fracasó por la sencilla razón de que la Procuraduría Agraria se niega a asistir. Y las razones que tiene para hacerlo es que no ha emitido su opinión y que no lo ha hecho porque la Comunidad no le ha proporcionado toda la documentación que determina la ley. En este tema, también, hay actores nuevos: diputados federales de Morena, motivados por el único potosino de ese partido, ya pusieron el asunto bajo la lupa.
COMPRIMIDOS
En el caso del supuesto atentado contra el diputado El Mijis, que nadie se sorprenda si al final de las investigaciones resulta que las cosas no ocurrieron como lo dicen el propio legislador y sus acompañantes. Igual, que cualquiera que hayan sido las motivaciones del incidente, nada tienen que ver con sus responsabilidades legislativas y ni siquiera políticas. Son más bien cosas de sus quehaceres privados.
Ya instalado en la dirigencia estatal del PRI, para ni tropezarse ni dar palos de ciego ni luego lamentarse, Elías Pesina debe tener clara una cuestión: el enemigo lo tiene en casa. Una primera pista: el hombre más poderoso del gobierno y de la política estatales, El Caco Leal, patrocina, promueve, conduce y consolida un proyecto político de cara al 2021 que podrá ser bueno o no, exitoso o quién sabe, pero que definitivamente no es priísta. Y Juan Manuel lo respalda porque tampoco muere de amor tricolor.
Consciente de que su propósito y compromiso de no dejar en la impunidad la corrupción del trienio gallardista carece de respaldo en el Gobierno del Estado, el alcalde Xavier Nava comenzó a buscar y consolidar apoyos ad hoc en los niveles federales. Mal no le ha ido. Hace un mes, estuvo con un expediente muy completo en Gobernación, donde les interesó tanto que le pidieron retrasar su regreso a San Luis para que fuera a otra dependencia, a la que llegado el caso correspondería operar denuncias y demás, donde ya lo estaba esperando su titular.
Definitivamente tiene tintes patológicos la resistencia del gobernador Carreras a los cambios. Al final del día, hace tres semanas solamente hizo los obligados por la renuncia de José Luis Ugalde en Finanzas y la de Pesina en la Oficialía Mayor. La de la SCT sigue en el aire y podría quedarse ahí hasta el final del sexenio, y ni qué decir de tantas otras que son obviamente necesarias y convenientes. Hay cosas que no tienen remedio.
Una disculpa por la ausencia reciente, pero las vicisitudes de la salud rara vez se anuncian. Hasta el próximo jueves (espero).