Reformas regresivas

"El revolucionario más radical 

se hará conservador al día 

siguiente de la revolución". 

Hannah Arendt

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El 10 de junio de 2011 se modificó el artículo primero de la Constitución para introducir, entre otras medidas, el principio de progresividad: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". En consecuencia, las reformas legales solo pueden ampliar los derechos humanos. 

El principio de progresividad tiene su contraparte en la prohibición de la regresividad. Una vez reconocido un derecho humano, este no puede ser reducido, limitado o eliminado por una reforma legal, salvo justificaciones de interés público y proporcionalidad. 

La reforma del 2011, que incorporó responsabilidades asumidas por México tras la suscripción de una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado. La izquierda no solo la avaló, sino que la impulsó. 

Sin embargo, los gobiernos de la 4T, que se dicen progresistas, pero son realmente conservadores por convicción, han aprobado una serie de leyes regresivas que reducen, limitan o eliminan derechos humanos. Ahora, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum ha propuesto una iniciativa para eliminar el derecho de los mexicanos con doble nacionalidad a aspirar a los cargos de gobernador o presidente de la república. 

Es cierto que en la actualidad hay una ambigüedad en la Constitución. El artículo 32 establece que, "para el ejercicio de los cargos y funciones" para los cuales se requiere ser mexicano por nacimiento", estos se reservan a quienes "no adquieran otra nacionalidad"; pero no prohíbe que quienes tengan previamente otra nacionalidad puedan ocupar estas responsabilidades. Por otra parte, el 82, que enumera los requisitos para ser presidente, no menciona esta restricción. Ahora la presidenta quiere cambiar el artículo 82 a fin de que, para ser presidente, sea requisito "no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato". 

En México se dio una lucha de mucho tiempo para permitir a los mexicanos adoptar otra nacionalidad sin perder la mexicana. Para millones de compatriotas que viven en el extranjero, y que aportan enormes recursos al país, esto era una cuestión de merecida justicia. 

La iniciativa de la presidenta es regresiva porque elimina derechos ya incorporados a la legislación mexicana. Lo peor es que la impulsa el deseo de descartar a supuestos rivales políticos, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien mantiene la nacionalidad estadounidense a pesar de haber sido gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, no es el único. Todo indica que el exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, también ha mantenido la nacionalidad estadounidense. 

No es esta la única vez que los presidentes de la 4T han violado el principio de progresividad. Las restricciones impuestas al derecho de amparo son profundamente regresivas. Lo es la ampliación de delitos en los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, que viola la presunción de inocencia, y la reducción del derecho a la información generada por la desaparición del INAI. La reforma judicial, que limitó severamente la independencia del poder judicial, también es regresiva. 

La 4T afirma ser humanista, liberal y progresista, pero se trata de un régimen reaccionario que busca acaparar el poder. Por eso toma medidas regresivas para cancelar las reformas que reconocen derechos de los gobernados. 

Día de informe

En los tiempos del viejo PRI el 1 de septiembre era el día del presidente. Entre 1988 y el 2018 se convirtió en un día de confrontación política. Ahora la 4T lo ha transformado en una semana de alabanzas para la señora presidenta. 

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