Respiramos una evidente polarización de opiniones en torno a los anuncios emitidos diariamente por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y las decisiones que está tomando en materia de política social que ya se empiezan a implementar en nuestro país.
Los “rudos” ven las medidas con agrado porque no dejan de señalar la evidente corrupción detrás de la operación de programas sociales sexenio tras sexenio. En contraparte los “técnicos” argumentan que no todo se estaba haciendo mal, y que destruir el engranaje institucional (intermedio) que operaba dichos programas no es la solución al problema del mal manejo de los recursos públicos para el desarrollo social, y sí, una afectación directa a la población menos favorecida y que en su mayoría formó parte de su tan arrasadora victoria electoral.
Inquieta que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se eliminaron programas y se recortó el presupuesto de otros, mientras se crearon nuevos programas discrecionales por 365,000 millones de pesos. Y que para operar las políticas y estrategias presidenciales en 2019 se crearon 20 nuevos programas presupuestarios, de los cuales sólo uno está sujeto a reglas de operación y los 19 restantes se construyeron bajo la categoría de subsidios sin reglas. (Datos de México Evalúa).
La mayoría de los nuevos programas de apoyo, otorgarán el recurso directamente a los beneficiarios, es decir sin intermediarios, a razón de que de esa manera, dice AMLO, se combata la corrupción. No obstante, al ser programas no sujetos a reglas de operación, no se asegura que la aplicación de los recursos públicos se realice conforme a lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Hemos escuchado que se quieren cancelar, recortar o modificar algunos programas como las estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas, el Seguro Popular, los comedores comunitarios, entre otros programas focalizados con el argumento de que “son muy corruptos”.
Entonces vienen los cuestionamientos sociales: las madres que salían a trabajar y dejaban a sus hijos en las guarderías -a veces por un salario mínimo, sí- ¿se quedarán ahora en casa con el dinero que les darán dejando de ser productivas en detrimento, tal vez, de su desarrollo personal, profesional y de su comunidad?, o ¿quién cuidará a sus hijos?; las mujeres maltratadas recibirán el dinero, mismo que probablemente les quitarán y su vida seguirá en riesgo por no tener donde resguardarse, además ya no tendrán ayuda psicológica y asesoría legal?; de los 57 millones de afiliados, los pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas o terminales a dónde irán a atenderse, ahora que les han negado la atención médica por parte del Seguro Popular con el argumento de que están en reestructuración?; ¿qué comerán los más de 500 mil beneficiarios para quienes los comedores eran su única fuente de alimentación con el desayuno y/o la comida?
Preocupa que AMLO insiste en que hará llegar los recursos directamente a las manos de los beneficiarios o de “quienes lo necesitan”. Para ello tiene desplegado en algunas zonas del país a un ejército de encuestadores denominados Servidores de la Nación que visitan casa por casa indagando dónde están las necesidades con base criterios definidos por el propio gobierno federal en el Censo de Bienestar. Con este padrón de beneficiarios está definiendo a quiénes depositará el apoyo gubernamental prometido a grupos específicos de la población. Esos que en otros sexenios no se consideraban vulnerables, pero que hoy se han definido como tales.
El asunto clave aquí es el siguiente: si AMLO entregará directamente los recursos a los beneficiarios, a él ¿quién lo auditará?, ¿quién vigilará que estas entregas no sean meramente discrecionales sino que atiendan a necesidades reales relacionadas con pobreza extrema? O peor aún, ¿qué nos asegura que su padrón de beneficiarios no se convertirá en un padrón electoral para su partido? Porque sus grandes programas se están ejecutando sin reglas de operación. ¿Y la transparencia?, ¿y la rendición de cuentas?, ¿no se supone, que se trata de combatir la corrupción? Por cierto, la transparencia y la rendición de cuentas son clave para el combate a la corrupción.
Estoy muy de acuerdo en combatir la corrupción. Creo que la gran mayoría lo estamos. Pero no creo que destruyendo estructuras y mecanismos que eran susceptibles de mejorar en cuanto al correcto ejercicio de los recursos y sobre todo en cuanto al logro de las metas y objetivos para lo que se etiquetó el presupuesto sea la mejor manera. Mucho menos sin reglas de operación.
La transferencia directa no está mal, pero los padrones deben hacerse por instituciones serias y autónomas. Hacer a un lado a los intermediarios, esos que se encargan de “operar, atender y ejecutar” cada programa, y en sustitución entregar los apoyos monetarios directos sin controles y vigilancia social no parece lo más viable. Deshacer estructuras y mecanismos que procuraban y atendían integralmente, y no sólo monetariamente a grupos vulnerables, no parece ser la mejor opción. Porque el cambio de mentalidad y la mejora de la calidad de vida de los sectores de la población que más ayuda necesitan, no se alcanza entregando dinero. Al contrario, seguirán siendo víctimas de las perversiones de un Estado paternalista y asistencialista que no los ayudará a salir de donde están. ¿Y cuándo se les deje de otorgar el apoyo, regresarán a la pobreza más extrema como ocurrió en Brasil?
Ante un escenario de más preguntas que respuestas, más allá de cortar presupuesto, desaparecer programas o quitar “intermediarios” operativos, es responsabilidad del propio Estado introducir mayor control y supervisión a esas estructuras y mecanismos; a los llamados ejecutores de los programas sociales (dependencias gubernamentales, Ayuntamientos, OSCs). Es a ellos a quienes se les debe poner el ojo encima, a quienes se les tiene que auditar y pedir cuentas de cómo gastan el recurso que se les entrega para distribuirlo entre los beneficiarios. Entonces sí, para de allí comenzar a combatir los tan citados casos de corrupción y de desvíos de fondos.
Terminemos diciendo que en una democracia se vale opinar, debatir y disentir; lo que no se vale es improvisar, no planear, destruir o cerrarse al diálogo. Entre “rudos” y “técnicos” seguiremos debatiendo. Así es la democracia, todos opinamos. Pero debemos reconocer, que no todo lo que se estaba haciendo, se estaba haciendo mal. Es verdad, hay casos terribles de corrupción en muchos de los programas sociales del país, pero entregar dinero a la población sin atenderla integralmente no es la solución ni para combatirla, ni para incidir en los niveles de pobreza, rezago y marginación. Juzgue usted.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com