Se acabaron de enmerdar

Hace tiempo que en el estado San Luis Potosí dejó de existir el estado de derecho, como consecuencia (vergonzosa e inmoral),  de que el poder Legislativo cuya función es la de hacer las leyes, se ocupe de adaptarlas, torcerlas y violarlas descarada y burdamente con el pretexto de interpretarlas, para obsequio y  beneplácito del sátrapa palaciego en turno.   

Decir que es cosa nueva sería mentir, no es exclusivo de este sexenio ni del actual sátrapa, pero es en el que existe una mayor cantidad de ejemplos y cobra mayor vigencia con el asunto de la elección (arreglada con antelación) de la nueva fiscal del estado, tema que da para mucho y para más. Por lo pronto ya vimos lo que posiblemente será el último acto de desacreditación de esta Legislatura.

¿Qué ocurrió? Simple, eligieron y nombraron a la nueva titular de la Fiscalía por un periodo de siete años, cuando debieron hacerla para uno de cinco meses y días, pasando por encima de una ley, que no es cualquiera; se trata de la Constitución del estado de San Luis Potosí.   

No se necesita ser un especialista en el tema jurídico para percatarse de lo aberrante del acto y en lo servil que se condujo esta legislatura. Basta leer el artículo 122 bis de nuestra Constitución local, que de manera textual señala en su tercer párrafo: “La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado”; luego en su párrafo séptimo acota: “En caso de que la persona titular de la Fiscalía General fallezca, se ausente definitivamente o presente renuncia ante el Congreso del Estado, declarada la vacante por este último, dará aviso al Ejecutivo del Estado para que en un término de treinta días naturales, envíe propuesta de terna de profesionistas para que de entre éstos, en un término de treinta días y por el voto de cuando menos las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes en la sesión correspondiente, se elija a quien ocupará el cargo por el tiempo para el que fue electa la persona que se está supliendo”.

Es decir, considerando que a José Luis Ruiz Contreras, anterior fiscal, al momento de presentar su renuncia le faltaban seis meses para concluir el período de siete años que  inició el 26 de octubre del 2017 el depuesto Federico Garza Herrera, debieron elegir el pasado jueves un suplente que  cubriera los cinco meses y dos días que restaban o en su defecto, mantener a la vicefiscal  Xitlálic Sánchez Servín (esposa del secretario General de Gobierno), como encargada de despacho. Nadie lo hubiera cuestionado con todo y el nepotismo de por medio; sin embargo, los mismos generadores del mencionado párrafo séptimo del  mismo 122 bis, decidieron torcer la constitución local a partir de la conveniencia e intereses fijados por y para el gobernador.

No extraña la conducta del diputado y testaferro del gobernador, José Luis Fernández Martínez,  quien con los asesores juristas, preparó el terreno para obtener la palmada de quien lo alimenta; pero sí sorprende que los 25 diputados restantes  (deberían ser 26, pero el diputado Lorca no asistió a la sesión), sobre todo la “oposición” panista, votaran sumisamente por un dictamen que cualquier joven de primer semestre (hasta de la Universidad Potosina o del Instituto Maurer) puede objetar. 

Con todo y que el actuar del gobernador era previsible, considerando que desde su primer cargo ha torcido la ley tantas veces le ha sido posible, lo mismo  que para saquear las cuentas municipales, que para despilfarrar recursos en ocurrencias de ocasión, hay algo que genera una interrogante: ¿por qué no mantuvo a la referida vicefiscal por los meses restantes para luego elegir a Manuela Cázares?

La respuesta, tan sencilla como elemental, me la dio un amigo que le entiende a estas cosas: Ricardo Gallardo considera que no tendrá el control absoluto del Congreso en la próxima legislatura e imponer a su fiscal hubiera sido más complicado.

A propósito, ¿alguno de nuestros muchos notables juristas interpondrá algún recurso de inconformidad frente a la espuria designación o sólo sirven para pavonearse en redes sociales?, ¿alguna de las barras de abogados actuará o no van más allá  de la organización eventos fifíes?  

Ojala así votaran por el indulto a Sanjuana Maldonado. Miserables tapetes curuleros, se acabaron de enmerdar.