Al título de la columna del día de hoy, se le suele llamar al resultado de un proceso de investigación científica, en el cual, y, a partir, de una serie de pasos de comprobación es como se alcanza una respuesta convincente a un problema, es decir, a una tesis sólo se llega después de la comprobación de una hipótesis, cierto es, que en las ciencias sociales la experimentación de un fenómeno o hecho suele ser hartamente complejo, por lo tanto, poco frecuente.
El día de ayer, en la Ciudad de México obtuve mi grado como Maestro en Derechos Humanos, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en este programa de posgrado han transitado prestigiados defensores/as sociales, incluso, el actual premio nacional de derechos humanos lo obtuvo una colega de ahí precisamente; así que, ante un panel de expertos nacionales defendí exitosamente mi tesis a la que llamé: “La protección del derecho al acceso a la reparación integral, desde el ámbito internacional, frente a los obstáculos y limitaciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en San Luis Potosí”.
Básicamente, esta investigación pretende, a partir del diseño de un litigio estratégico operado desde el ámbito internacional, solucionar un problema de derechos humanos, por el que lamentablemente atraviesan las víctimas en el Estado de San Luis Potosí, al serles desconocidos sistemáticamente, por el Estado, el acceso humano a la reparación integral por las violaciones a derechos fundamentales.
Obviamente, amiga lectora amigo lector, no tendría sentido solucionar algo que está bien, que funciona, no obstante, el sistema estatal de protección a las víctimas en San Luis Potosí, no es el caso, en lo absoluto, ¿Por qué decimos esto? pues, por los magros resultados, de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV), cuando menos objetivamente visibles, desde el 2016, y, no es que previamente a este año estuvieran mejor, sino, que además esta oficina era opaca y poco trasparente.
Así que, estos magros resultados son los que a los investigadores en derechos humanos nos levantan sospechosísimo e inmediatamente empezamos a lanzar hipótesis que expliquen los hechos, ¿a qué me refiero? a que en lapso de tres años, sólo se haya reparado a una víctima de 311 registradas en el padrón estatal, cuando, paradójicamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió más de 2 mil 475 denuncias (tan sólo en un año), y de ellas, sólo 38 terminaron en recomendaciones, es decir, un 0.015%. La prensa local recién empieza a interesarse por esta problemática, los periódicos de Astrolabio Diario Digital y La Orquesta, acaban de denunciar a la sociedad potosina, que, del fondo público de reparación a las víctimas, la CEEAV sólo haya usado 34 mil pesos de poco más de 3 millones, precisamente, correspondientes a la única reparación integral, aunque esto último ya no lo señala la prensa.
¿A qué se debe el actuar del Estado de San Luis Potosí con respecto a las víctimas de violaciones a derechos humanos, a pesar de contar con una legislación y una oficina como la CEEAV, con una nómina de burócratas elevada? las hipótesis pueden ser muchas, desde la ignorancia al confundir el derecho universal a la reparación integral con una política asistencial; o, a una torpe aplicación de la ley, por parte, de una oficina pública, en la que no se seleccionó adecuadamente a los profesionales que han de servir; tal vez, a una política oculta del Estado que ha entrado en pánico al ver que la violencia no cesa, mientras las víctimas aumentan; quizá , sean todas ellas en conjunto.
Pero desde mi punto de vista, el diseño normativo es equívoco, pues condiciona el acceso a un derecho humano a la obtención de sentencias definitivas de los jueces, aunque si está fuera la raíz del problema, ¿cómo es posible que se aprobara esta ley, que tiene sólo un año desde que el Gobernador Carreras la propuso al Congreso? lo cierto del caso, es que la legislación demostró ya su inoperancia, los resultados lo dicen, aunque, ciertamente no basta sólo con derogar una ley, o remover al Comisionado dela CEEAV, o de contratar personal adecuado, sino se requerirá de una solución integral y no aislada.
Es por eso, que este tipo de investigación científica llega en un buen momento, pues, estamos en plena discusión pública sobre la pacificación del país, propuesta hecha por nuestro Presidente electo, donde no podrá haber una amnistía sin reparar a las víctimas, sin embargo, imposible con una política estatal de simulación, y, San Luis Potosí es el único caso demostrado, ya no sólo en tribunales judiciales, sino desde los centros de investigación con más prestigio en el país.
Esta investigación también ofrece a los estudiantes de derechos humanos, la riqueza que sólo los trabajos empíricos suelen ofrecer, además, de poseer un ingrediente poco usual en las ciencias sociales, es resultado de un experimentalismo, a que me refiero, a que en esta aportación académica se incluye el llamado “caso Jair”, sin duda, un ejemplo ilustrativo, de lo que las víctimas han de pasar en San Luis Potosí, al verse obligadas a litigar contra las autoridades que se supone son encargadas de proteger los derechos de las personas, prueba de ello, es que las víctimas indirectas tuvieron que triunfar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la negación de justicia que el Tribunal de Justicia Administrativa de S.L.P, con tal de no llevar a juicio la negligencia de la corporaciones policíacas en la entidad.
También, cuando se enfrentaron al entonces Delegado federal de Víctimas de la CEAV, que fungía como abogado defensor del presunto homicida material de su hijo, por si fuera poco, a través de un amparo detuvieron la ignominiosa resolución de la CEEAV S.L.P, presidida por Jorge Vega Arroyo, cuando se pretendía “rasurar” la Recomendación 2/2017 de la CEDH S.L.P.
Vamos, la evidencia era tal que, resultaba imposible para un tribunal nacional de expertos académicos en derechos humanos no coincidir, en San Luis Potosí hay una situación sistemática y estructural de violación a las víctimas, y, es imperioso el auxilio internacional para corregir esta situación que pone en entredicho la aplicación de tratados internacionales.
Sólo resta desear que los estudios empíricos en derechos humanos continúen, pues éstos, son los que visibilizan una falla en el sistema. Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
El día de ayer, en la Ciudad de México obtuve mi grado como Maestro en Derechos Humanos, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en este programa de posgrado han transitado prestigiados defensores/as sociales, incluso, el actual premio nacional de derechos humanos lo obtuvo una colega de ahí precisamente; así que, ante un panel de expertos nacionales defendí exitosamente mi tesis a la que llamé: “La protección del derecho al acceso a la reparación integral, desde el ámbito internacional, frente a los obstáculos y limitaciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en San Luis Potosí”.
Básicamente, esta investigación pretende, a partir del diseño de un litigio estratégico operado desde el ámbito internacional, solucionar un problema de derechos humanos, por el que lamentablemente atraviesan las víctimas en el Estado de San Luis Potosí, al serles desconocidos sistemáticamente, por el Estado, el acceso humano a la reparación integral por las violaciones a derechos fundamentales.
Obviamente, amiga lectora amigo lector, no tendría sentido solucionar algo que está bien, que funciona, no obstante, el sistema estatal de protección a las víctimas en San Luis Potosí, no es el caso, en lo absoluto, ¿Por qué decimos esto? pues, por los magros resultados, de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV), cuando menos objetivamente visibles, desde el 2016, y, no es que previamente a este año estuvieran mejor, sino, que además esta oficina era opaca y poco trasparente.
Así que, estos magros resultados son los que a los investigadores en derechos humanos nos levantan sospechosísimo e inmediatamente empezamos a lanzar hipótesis que expliquen los hechos, ¿a qué me refiero? a que en lapso de tres años, sólo se haya reparado a una víctima de 311 registradas en el padrón estatal, cuando, paradójicamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió más de 2 mil 475 denuncias (tan sólo en un año), y de ellas, sólo 38 terminaron en recomendaciones, es decir, un 0.015%. La prensa local recién empieza a interesarse por esta problemática, los periódicos de Astrolabio Diario Digital y La Orquesta, acaban de denunciar a la sociedad potosina, que, del fondo público de reparación a las víctimas, la CEEAV sólo haya usado 34 mil pesos de poco más de 3 millones, precisamente, correspondientes a la única reparación integral, aunque esto último ya no lo señala la prensa.
¿A qué se debe el actuar del Estado de San Luis Potosí con respecto a las víctimas de violaciones a derechos humanos, a pesar de contar con una legislación y una oficina como la CEEAV, con una nómina de burócratas elevada? las hipótesis pueden ser muchas, desde la ignorancia al confundir el derecho universal a la reparación integral con una política asistencial; o, a una torpe aplicación de la ley, por parte, de una oficina pública, en la que no se seleccionó adecuadamente a los profesionales que han de servir; tal vez, a una política oculta del Estado que ha entrado en pánico al ver que la violencia no cesa, mientras las víctimas aumentan; quizá , sean todas ellas en conjunto.
Pero desde mi punto de vista, el diseño normativo es equívoco, pues condiciona el acceso a un derecho humano a la obtención de sentencias definitivas de los jueces, aunque si está fuera la raíz del problema, ¿cómo es posible que se aprobara esta ley, que tiene sólo un año desde que el Gobernador Carreras la propuso al Congreso? lo cierto del caso, es que la legislación demostró ya su inoperancia, los resultados lo dicen, aunque, ciertamente no basta sólo con derogar una ley, o remover al Comisionado dela CEEAV, o de contratar personal adecuado, sino se requerirá de una solución integral y no aislada.
Es por eso, que este tipo de investigación científica llega en un buen momento, pues, estamos en plena discusión pública sobre la pacificación del país, propuesta hecha por nuestro Presidente electo, donde no podrá haber una amnistía sin reparar a las víctimas, sin embargo, imposible con una política estatal de simulación, y, San Luis Potosí es el único caso demostrado, ya no sólo en tribunales judiciales, sino desde los centros de investigación con más prestigio en el país.
Esta investigación también ofrece a los estudiantes de derechos humanos, la riqueza que sólo los trabajos empíricos suelen ofrecer, además, de poseer un ingrediente poco usual en las ciencias sociales, es resultado de un experimentalismo, a que me refiero, a que en esta aportación académica se incluye el llamado “caso Jair”, sin duda, un ejemplo ilustrativo, de lo que las víctimas han de pasar en San Luis Potosí, al verse obligadas a litigar contra las autoridades que se supone son encargadas de proteger los derechos de las personas, prueba de ello, es que las víctimas indirectas tuvieron que triunfar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la negación de justicia que el Tribunal de Justicia Administrativa de S.L.P, con tal de no llevar a juicio la negligencia de la corporaciones policíacas en la entidad.
También, cuando se enfrentaron al entonces Delegado federal de Víctimas de la CEAV, que fungía como abogado defensor del presunto homicida material de su hijo, por si fuera poco, a través de un amparo detuvieron la ignominiosa resolución de la CEEAV S.L.P, presidida por Jorge Vega Arroyo, cuando se pretendía “rasurar” la Recomendación 2/2017 de la CEDH S.L.P.
Vamos, la evidencia era tal que, resultaba imposible para un tribunal nacional de expertos académicos en derechos humanos no coincidir, en San Luis Potosí hay una situación sistemática y estructural de violación a las víctimas, y, es imperioso el auxilio internacional para corregir esta situación que pone en entredicho la aplicación de tratados internacionales.
Sólo resta desear que los estudios empíricos en derechos humanos continúen, pues éstos, son los que visibilizan una falla en el sistema. Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.