Una democracia que funcione
Elecciones. Consultas Populares. Consultas para la revocación del mandato. Elecciones extraordinarias para que la ciudadanía pueda elegir a juezas, jueces, ministras y ministros. Mecanismos locales de participación ciudadana. Comités vecinales.
En los últimos años, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha girado en torno a la expansión de la democracia a nuevos ámbitos, más allá de las elecciones tradicionales. Esta extensión del concepto de lo que comúnmente se conoce como democracia no es necesariamente nueva, ni tampoco es una creación original en nuestro país. Cualquiera que sea el motivo o el interés de determinados grupos políticos por impulsar la apertura de estos espacios de participación, es importante pensar que, en realidad, solo pueden funcionar -y gozar de legitimidad- si parte de la base de una participación amplia, auténtica, inclusiva e informada.
No es mi propósito discutir si la celebración de elecciones extraordinarias para elegir a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación va a resolver o no el problema de la impartición de justicia en nuestro país. Hoy quiero proponerle una clave de interpretación distinta: ¿Cómo hacemos para hacer funcionar lo que hoy tenemos?.
Permítame partir de una provocación: ¿la celebración de elecciones justas nos asegura mejores gobiernos?. El hecho de que las elecciones sean libres se relaciona más con la posibilidad de que todas las personas tengan la posibilidad de participar de forma equitativa y libre. Pero el enriquecimiento de la calidad de la participación sí puede tener una incidencia en la calidad de los gobernantes que ahí se eligen. Me he referido a ello previamente. Se trata de elevar la calidad de la ciudadanía. Una “ciudadanía competente” como escribí ya hace algún tiempo.
En ese sentido, vivimos una paradoja. La apertura -cualquiera que sea la motivación- y ampliación de mayores posibilidades de participación no necesariamente implica que la ciudadanía se haya apropiado de estos espacios. No soy de la idea de que el resultado de una elección sea más legítimo que otro por la cantidad de personas que participaron sin que éstas se hayan apropiado de aquello que les es puesto a su consideración; es decir, que quienes acuden a participar lo hacen con motivación, convicción y conocimiento. Y en términos de legitimidad, eso pesa bastante más que una masa movilizada con incentivos perversos.
En este contexto, desde hace algunos años el Instituto Nacional Electoral ha confeccionado distintos esfuerzos para fomentar cultura cívica, que no es otra cosa más que el conjunto de prácticas, conocimientos y significados que habilitan a la ciudadanía para vivir en una democracia funcional y relevante. Hace unos meses se presentó la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026 (ENCÍVICA). Esta estrategia busca no solo formar una ciudadanía más activa, sino también prepararla para entender y participar en los distintos dispositivos que se ponen a su disposición. Ya sean los mecanismos de democracia directa que en el ámbito local existen desde hace un buen tiempo, o aquellos mecanismos que el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” ha promovido, como las consultas populares, la revocación de mandato y, más recientemente, la reforma judicial que establece la elección popular de jueces y magistrados.
El gobierno de López Obrador ha buscado fortalecer lo que él llama la democracia participativa, utilizando herramientas como la consulta popular y la revocación de mandato, que se han vuelto ejes importantes para incluir la voz del pueblo en decisiones clave. En la consulta de revocación de mandato, se consolidó la idea de que la ciudadanía tiene el derecho de remover a los líderes que no cumplan con sus expectativas. Esta consulta, aunque polémica, representó un paso hacia la consolidación de un modelo democrático donde la rendición de cuentas sea más directa. ¿Qué ocurriría si esa consulta es “poblada” por personas que tienen algo que decir?. ¿Qué se necesita hacer para que las personas se vinculen con los asuntos públicos que le afectan?.
En este escenario, la ENCÍVICA se convierte en una herramienta vital. La estrategia tiene como objetivo preparar a la ciudadanía para enfrentar estos nuevos mecanismos de participación directa con conocimiento, responsabilidad y compromiso. No se trata solo de votar, sino de comprender el poder que tiene cada voto, ya sea en elecciones regulares, consultas populares o incluso en la selección de jueces. En una democracia que se transforma, es esencial que la ciudadanía esté bien informada.
A través de campañas de concientización, programas educativos y una red de alianzas entre el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales (OPL) y otros actores clave, la ENCÍVICA busca consolidar una ciudadanía crítica y activa. La implementación de esta estrategia en los contextos locales no es tarea sencilla, ya que el éxito de la educación cívica depende en gran medida de su capacidad para adaptarse a las realidades diversas de cada estado.
La puesta en marcha de la ENCÍVICA enfrenta varios retos. Por un lado, la diversidad cultural, social y económica de México exige que la estrategia sea flexible. Lo que funciona en una gran urbe puede no tener el mismo impacto en comunidades rurales. Por otro lado, la colaboración interinstitucional es clave para asegurar que las acciones educativas lleguen a todos los rincones del país. Los OPL juegan un papel crucial, pero no pueden llevar a cabo esta tarea solos; requieren el apoyo de gobiernos locales, organizaciones civiles y, sobre todo, una ciudadanía dispuesta a participar.
Es difícil pronosticar la cantidad de personas que acudirán a participar a la votación extraordinaria del poder judicial. Frente al descontento, el desinterés y el desconocimiento, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un desafío crucial: deben lograr que la ciudadanía se apropie de los espacios de participación.
Si se otorgó a la ciudadanía la responsabilidad de elegir juezas, jueces, magistradas y magistrados, la formación cívica se vuelve más necesaria que nunca. No basta con habilitar herramientas de participación; es fundamental que la población entienda las implicaciones de sus decisiones y participe de manera informada.
