La agresión sufrida por Carlos Covarrubias, asesor legal de comuneros en resistencia contra el despojo inmobiliario es, en efecto, un agravio para la sociedad potosina porque pone en evidencia el peso económico sobre el interés general de una vida saludable y armoniosa con la naturaleza. Covarrubias ha formado parte del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y ahora participa en defensa de la reserva ecológica de la Sierra de San Miguelito que pretenden fraccionadores poderosos para obtener ganancias extraordinarias con la comercialización de esas tierras que, sin duda, deben ser protegidas en beneficio de la reproducción de la vida y no del capital. Con la minera en Cerro de San Pedro se impuso la corrupción en distintos niveles de gobierno para despojarnos a todos los potosinos de nuestra seña de identidad y hoy sólo queda el enorme cráter producto de la devastación ambiental, corriéndose el riesgo de que, ahora, se reproduzca un contexto similar para imponer los designios de ese tipo de capital.
Frente a la violencia del capital inmobiliario, cabe esperar no solamente la solidaridad social para defender los bienes comunes de los potosinos, en este caso, la conservación de una reserva ecológica para la recarga del vital líquido y como pulmón de la ciudad, además, por supuesto, de la respuesta obligada de las autoridades correspondientes para investigar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades, evitando que prevalezca una impunidad que podría dar pie a una escalada peligrosa de violencia. La acumulación por despojo, precisamente, se caracteriza por la recurrencia a la violencia cuando otros recursos, como el despliegue económico, no alcanzan a comprar las conciencias de ciudadanos que tienen como prioridad su patrimonio bio-cultural. Se trata de un capital depredador del territorio y de la vida comunitaria anclada en lazos de solidaridad que no pueden reducirse a la simple mercantilidad.
En tal contexto, los gobiernos estatal y municipal están obligados a intervenir con plena responsabilidad social, no en el sentido empresarial, en el que frecuentemente incurren algunas autoridades cuando ofrecen apoyos de tipo clientelar y asistencial para “compensar” los daños que genera la depredación del capital, sino para velar por la defensa de bienes comunes para la reproducción de la vida personal y colectiva, garantizando, por supuesto, la integridad física de activistas y defensores del territorio y el ambiente. Hasta el momento, es hora de que no hay, siquiera, un pronunciamiento para condenar los hechos, lo que prefigura un panorama ominoso para este tipo de luchas sociales y advierte del riesgo de agudizar el deterioro de la riqueza ecológica de la entidad potosina, en aras de un “desarrollo” que descansa en el clásico espejismo del presunto bienestar social que, por regla general, termina en el beneficio económico para unos cuantos.
Y mientras la inacción o abulia campean en las benditas instituciones gubernamentales, ya los opositores al despojo señalado se preparan para consultar a la población acerca del destino que debe tener la zona territorial que apetecen los “desarrolladores”. Consultar a las comunidades en las que pretenden asentarse este y otro tipo de mega-proyectos es no sólo un derecho, sino una responsabilidad social por la magnitud de las implicancias de muy diverso orden que conlleva ese tipo de inversiones. En la entidad potosina se ha vuelto costumbre ignorar el parecer de la gente ante las inversiones de capital que ponen en riesgo su patrimonio bio-cultural, o bien, que las instancias correspondientes oculten y manipulen información relevante pretendiendo la concreción anticipada de obras para chantajear con “hechos consumados” que impidan la mejor defensa legal o, por lo menos, la negociación leonina para demandar pago de presuntos daños y perjuicios ante la eventual cancelación de los proyectos.
En suma, una buena dosis de omisión y corrupción para favorecer los intereses del capital y no de la sociedad en general. Así las cosas, lo que se avizora es una lucha prolongada por la defensa del territorio y el patrimonio vital que corresponde no sólo a las comunidades en resistencia, sino, por extensión, con el conjunto de la sociedad para la mejor preservación de sus medios y modos de vida en riesgo cierto de colapsar.
Frente a la violencia del capital inmobiliario, cabe esperar no solamente la solidaridad social para defender los bienes comunes de los potosinos, en este caso, la conservación de una reserva ecológica para la recarga del vital líquido y como pulmón de la ciudad, además, por supuesto, de la respuesta obligada de las autoridades correspondientes para investigar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades, evitando que prevalezca una impunidad que podría dar pie a una escalada peligrosa de violencia. La acumulación por despojo, precisamente, se caracteriza por la recurrencia a la violencia cuando otros recursos, como el despliegue económico, no alcanzan a comprar las conciencias de ciudadanos que tienen como prioridad su patrimonio bio-cultural. Se trata de un capital depredador del territorio y de la vida comunitaria anclada en lazos de solidaridad que no pueden reducirse a la simple mercantilidad.
En tal contexto, los gobiernos estatal y municipal están obligados a intervenir con plena responsabilidad social, no en el sentido empresarial, en el que frecuentemente incurren algunas autoridades cuando ofrecen apoyos de tipo clientelar y asistencial para “compensar” los daños que genera la depredación del capital, sino para velar por la defensa de bienes comunes para la reproducción de la vida personal y colectiva, garantizando, por supuesto, la integridad física de activistas y defensores del territorio y el ambiente. Hasta el momento, es hora de que no hay, siquiera, un pronunciamiento para condenar los hechos, lo que prefigura un panorama ominoso para este tipo de luchas sociales y advierte del riesgo de agudizar el deterioro de la riqueza ecológica de la entidad potosina, en aras de un “desarrollo” que descansa en el clásico espejismo del presunto bienestar social que, por regla general, termina en el beneficio económico para unos cuantos.
Y mientras la inacción o abulia campean en las benditas instituciones gubernamentales, ya los opositores al despojo señalado se preparan para consultar a la población acerca del destino que debe tener la zona territorial que apetecen los “desarrolladores”. Consultar a las comunidades en las que pretenden asentarse este y otro tipo de mega-proyectos es no sólo un derecho, sino una responsabilidad social por la magnitud de las implicancias de muy diverso orden que conlleva ese tipo de inversiones. En la entidad potosina se ha vuelto costumbre ignorar el parecer de la gente ante las inversiones de capital que ponen en riesgo su patrimonio bio-cultural, o bien, que las instancias correspondientes oculten y manipulen información relevante pretendiendo la concreción anticipada de obras para chantajear con “hechos consumados” que impidan la mejor defensa legal o, por lo menos, la negociación leonina para demandar pago de presuntos daños y perjuicios ante la eventual cancelación de los proyectos.
En suma, una buena dosis de omisión y corrupción para favorecer los intereses del capital y no de la sociedad en general. Así las cosas, lo que se avizora es una lucha prolongada por la defensa del territorio y el patrimonio vital que corresponde no sólo a las comunidades en resistencia, sino, por extensión, con el conjunto de la sociedad para la mejor preservación de sus medios y modos de vida en riesgo cierto de colapsar.