Esta afición que tenemos por las conmemoraciones debe resultar en algo más útil que una corona de flores, un evento protocolario y un renglón más en las efemérides de los honores del lunes por la mañana. En el caso del movimiento estudiantil y la tristemente célebre masacre de Tlatelolco de 1968, me ha sorprendido lo poco o nada que ésto se está discutiendo en la agenda de los asuntos públicos. Las razones pueden ser varias: la transición, los aniversarios de otras tragedias como las de los sismos del 19 de septiembre, la desaparición forzada de Iguala del 26 y 27 de septiembre, o las (no tan pequeñas) tragedias cotidianas que vivimos en la actualidad.
Lo que no tenemos que olvidar sobre el 2 de octubre es lo que un movimiento estudiantil representó como una manifestación de una sociedad en un contexto donde los incidentes que desencadenaron la violencia, son expresiones del funcionamiento del sistema político en un momento histórico determinado. Los ángulos para entrar en el relato son distintos: abundan materiales periodísticos, bibliográficos, fotográficos, documentales y cinematográficos que pueden relatar mejor esta historia. En este texto quisiera descatar más bien la siguiente idea: conviene visitar las demandas sociales expresadas por el movimiento estudiantil en 1968 y preguntarnos sobre el estado actual de las mismas.
Propongo agrupar estas demandas en tres líneas de defensa: libertades políticas, autonomía universitaria y participación popular. La preocupación insinuada es evidente: estos tres componentes son esenciales en un estado democrático y sin embargo, a 50 años de la masacre, ya bien entrados en pleno siglo XXI, persisten como heridas que no logran cerrarse. Contamos con el orden constitucional y el estado de derecho que debería garantizarnos el goce pleno de nuestra libertad política, y sin embargo abundan las restricciones de facto que limitan o suprimen esta posibilidad: coerción, violencia, impunidad. También están desigualdad y pobreza; en efecto, cuando se es pobre, se materializan las restricciones de acceso a un paquete básico de opciones de vida. Las opciones de existen, pero no puedes acceder a ellas. Hay derecho a la educación, salud, vivienda y trabajo, pero no puedes hacerlo efectivo. Todas estas restricciones se presentan como nuevas pieles para una vieja ceremonia. ¿Otro ejemplo de ello? La compra de voto. ¿otro peor? La venta del mismo.
La defensa de la autonomía universitaria se ha concebido siempre como una condición indispensable para resguardar a las universidades de las intromisiones indeseables de agentes ajenos a dichas instituciones. De forma específica se entiende como la soberanía de la universidad, en lo que respecta a sus asuntos académicos, administrativos y financieros. ¿Persisten los ataques a la autonomía universitaria? Sin duda. Por ser breves puedo ilustrar solo algunos: arrinconar a la educación superior para reducirla a un subsistema de capacitación para el trabajo; suprimir o sofocar a la investigación; y una de las peores, restringir el acceso a los recursos públicos. Esta suerte la comparten gran parte de los organismos autónomos en México. El diseño constitucional los concibe como instrumentos fundamentales que cumplen con funciones sociales específicas que no pueden, o no deben ser determinadas por el poder político, y lamentablemente suelen ser sometidos en su presupuesto. Autónomos pero limitados.
Hay quien entiende a la participación popular de forma rudimentaria como la toma disruptiva de la plaza pública, y hay quien la criminaliza. Pero la participación popular tiene hoy otros canales y aun así enfrenta a sus viejos enemigos. Hay uno presente en todas partes, hasta en su muro de Facebook: la supresión de la posibilidad de expresar el disenso. Hay violencia y ridiculización sobre quien decide expresarse legítimamente. Conviene examinar nuestras propias conductas.
Esta supresión no viene del cuerpo de granaderos de Díaz Ordaz, sino de nuestra propia censura.
La defensa de las libertades políticas, la autonomía o la posibilidad de participar no debería ser una misión de valientes, sino más bien una garantía de normalidad en la vida cotidiana. Conviene visitar al 68 para aprender sobre el lugar en el que nos encontramos, quizás descubriremos que después de todo este tiempo no hemos cambiado tanto.
Lo que no tenemos que olvidar sobre el 2 de octubre es lo que un movimiento estudiantil representó como una manifestación de una sociedad en un contexto donde los incidentes que desencadenaron la violencia, son expresiones del funcionamiento del sistema político en un momento histórico determinado. Los ángulos para entrar en el relato son distintos: abundan materiales periodísticos, bibliográficos, fotográficos, documentales y cinematográficos que pueden relatar mejor esta historia. En este texto quisiera descatar más bien la siguiente idea: conviene visitar las demandas sociales expresadas por el movimiento estudiantil en 1968 y preguntarnos sobre el estado actual de las mismas.
Propongo agrupar estas demandas en tres líneas de defensa: libertades políticas, autonomía universitaria y participación popular. La preocupación insinuada es evidente: estos tres componentes son esenciales en un estado democrático y sin embargo, a 50 años de la masacre, ya bien entrados en pleno siglo XXI, persisten como heridas que no logran cerrarse. Contamos con el orden constitucional y el estado de derecho que debería garantizarnos el goce pleno de nuestra libertad política, y sin embargo abundan las restricciones de facto que limitan o suprimen esta posibilidad: coerción, violencia, impunidad. También están desigualdad y pobreza; en efecto, cuando se es pobre, se materializan las restricciones de acceso a un paquete básico de opciones de vida. Las opciones de existen, pero no puedes acceder a ellas. Hay derecho a la educación, salud, vivienda y trabajo, pero no puedes hacerlo efectivo. Todas estas restricciones se presentan como nuevas pieles para una vieja ceremonia. ¿Otro ejemplo de ello? La compra de voto. ¿otro peor? La venta del mismo.
La defensa de la autonomía universitaria se ha concebido siempre como una condición indispensable para resguardar a las universidades de las intromisiones indeseables de agentes ajenos a dichas instituciones. De forma específica se entiende como la soberanía de la universidad, en lo que respecta a sus asuntos académicos, administrativos y financieros. ¿Persisten los ataques a la autonomía universitaria? Sin duda. Por ser breves puedo ilustrar solo algunos: arrinconar a la educación superior para reducirla a un subsistema de capacitación para el trabajo; suprimir o sofocar a la investigación; y una de las peores, restringir el acceso a los recursos públicos. Esta suerte la comparten gran parte de los organismos autónomos en México. El diseño constitucional los concibe como instrumentos fundamentales que cumplen con funciones sociales específicas que no pueden, o no deben ser determinadas por el poder político, y lamentablemente suelen ser sometidos en su presupuesto. Autónomos pero limitados.
Hay quien entiende a la participación popular de forma rudimentaria como la toma disruptiva de la plaza pública, y hay quien la criminaliza. Pero la participación popular tiene hoy otros canales y aun así enfrenta a sus viejos enemigos. Hay uno presente en todas partes, hasta en su muro de Facebook: la supresión de la posibilidad de expresar el disenso. Hay violencia y ridiculización sobre quien decide expresarse legítimamente. Conviene examinar nuestras propias conductas.
Esta supresión no viene del cuerpo de granaderos de Díaz Ordaz, sino de nuestra propia censura.
La defensa de las libertades políticas, la autonomía o la posibilidad de participar no debería ser una misión de valientes, sino más bien una garantía de normalidad en la vida cotidiana. Conviene visitar al 68 para aprender sobre el lugar en el que nos encontramos, quizás descubriremos que después de todo este tiempo no hemos cambiado tanto.