En su pseudo informe del pasado domingo, que nadie sabe si fue el 1º o el 3er informe, o fue una más de sus conferencias “mañaneras”, el presidente López guardó silencio, calló sobre varios o tal vez muchos de los temas de los que no quiere hablar, no desea dar la cara o no tienen ningún avance, como si tratara de echar tierrita al asunto, dejar que pase el tiempo, a ver si se olvida. Pero no se olvidan ni se olvidarán. La caída del helicóptero de la gobernadora de Puebla es demasiado grave, por las circunstancias en que ocurrió, cuando viajaban en él la recién electa gobernadora Martha Érika Alonso, su marido el Lic. Rafael Moreno Valle y otras tres personas, hace ya casi 9 meses. AMLO prometió solemnemente desde entonces, averiguar y aclararlo a entera satisfacción. Si no informa pronto, de manera creíble, verosímil, de las causas del accidente, quedará manchado irremediablemente su sexenio. Ante las fuertes sospechas de que el accidente no fue tal, sino un hecho provocado, y frente a la circunstancia de que el partido del presidente, Morena, impuso como nuevo gobernador a Miguel Barbosa, que había sido derrotado en la elección por la Sra. Alonso, y que fue él quien resultó beneficiado por su muerte, crece la preocupación y la sospecha. El presidente se comprometió desde el día del accidente, el 24 de diciembre del 2018, a aclarar de manera precisa y suficiente, la causa de la caída del aparato, porque no había mal tiempo, tenía una tripulación experimentada y el fabricante prometió asimismo reconocer los restos del aparato para determinar pronto si hubo falla mecánica. El país entero, espera y exige explicación, y que se le haga justicia a las 5 personas que fallecieron en él.
Con frecuencia nos repite AMLO que la corrupción se combate como se barren las escaleras: de arriba para abajo. Y dice bien, eso se había dicho ya desde hace muchos años, desde que el PAN era un verdadero partido de oposición, allá por los cincuentas y sesentas del siglo XX. Señalaba desde entonces que la corrupción se iniciaba en los más altos círculos del poder y se trasminaba, como la humedad o el salitre, hacia abajo, hacia todas las estructuras de gobierno. Salvo alguna honrosa excepción, tal vez la de Ruíz Cortines, sexenio tras sexenio se formaron inmensas riquezas, muchas, tal vez miles, a la sombra de los puestos públicos, tanto en el gobierno federal como en los estatales. Y, elección tras elección todas las ganaba el corrupto partido oficial, el PRI, cuyos miembros, en cuanto llegaban al poder, se dedicaban a saquear y a taparle la corrupción a su predecesor, para tener luego a su vez la tapadera que les habría de dar su sucesor. Era el odioso pacto de impunidad.
La delincuencia desatada que hoy sufrimos los mexicanos es, a mi parecer, una consecuencia directa, una resultante, de tantos años de predominio de la corrupción bajo la bandera priista. Es perfectamente entendible que, si la corrupción asfixió a este país durante 70 u 80 años de gobiernos podridos, la delincuencia pudo escalar los puestos públicos, los habría cooptado o comprado, hasta hacerlos parte integrante de la gran mafia en el poder, con la resultante del terrible tsunami de violencia, cuando los violentos se empezaron a pelear por el poder y por sus privilegios. Trágicamente, es lo que estamos viviendo hoy en este país.
Ya tengo pocas dudas, mejor dicho, ninguna, de que este gobierno va camino a gran velocidad a un estrepitoso y muy doloroso fracaso como gestor del Bien Común. Y digo doloroso, porque a nadie le conviene ni desea en su sano juicio que el gobierno federal de México esté resultando tan inepto e ineficaz para resolver la mayoría de los grandes y graves problemas que nos aquejan.
Más que el desbasto de medicinas en los servicios de salud, el nulo crecimiento económico, o sus descabellados proyectos, el problema principal, el que más nos daña y amenaza cada día con mayor fuerza, es el de la violencia e inseguridad que si bien nadie podría esperar su solución completa en 9 meses de gobierno, sí podría empezar a mostrar siquiera una pequeña reducción, un modesto avance. En lu gar de eso, los trágicos sucesos siguen en ascenso día con día, el número de víctimas, el descubrimiento de nuevas fosas con cuerpos mutilados y descabezados, con más de 23,000 muertos en lo que va de este gobierno. Y lo más grave, que nunca, o casi nunca, sabemos que se haya detenido a los autores de esas masacres.
El día de ayer, el Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, encargado responsable del combate al crimen y a la violencia en todo el país, nos salió con que se trata de un problema enorme, porque es imposible atender la seguridad de una nación con más de 2400 municipios. Pero eso ya lo sabíamos, por eso la solución no nos la va a dar la Guardia Nacional. La solución solo podrá venir de los cuerpos profesionales, bien capacitados y equipados de los municipios mas grandes del país o en los que actúan con mayor violencia las bandas criminales.
¿No sabrá Durazo que el 75% de los delitos de sangre de todo el país, se cometen en solo 180 de los 2,460 municipios? Menos del 10%. Si AMLO de veras quiere frenar el derramamiento de sangre, que empiece por ahí.
Y . . . ¿Porqué al PAN, al partido de Érika Alonso no se le oye exigir aclaración del “accidente”?
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