Abogado de narco, con pase directo al Poder Judicial
Agente de la PMI denuncia que Sabas Santiago Ipiña ni siquiera cumple los requisitos

Rosalinda Ávalos, policía de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), denunció la intervención del crimen organizado en la elección judicial local, luego de que un expolicía presuntamente relacionado con el asesinato de sus dos hijos en 2020, consiguiera una candidatura para ser Juez de Oralidad de Primera Instancia.
Rosalinda interrumpió la sesión del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, para reclamar que a Sabas Santiago Ipiña Ramírez se le considerara como uno de los aspirantes mejor evaluados en la convocatoria y obtuviera pase directo a una candidatura, ante la falta de más aspirantes a dicho cargo.
“Él es compadre de uno de los imputados, que incluso está en el penal de Sonora, Miguel ‘N’, porque se le han encontrado nexos con la delincuencia. Por eso quiere entrar, para poder manipular el proceso y dejar en libertad a quienes mataron a mis hijos”, declaró.
Señaló que Sabas Ipiña también ha defendido como abogado a perfiles vinculados con el crimen organizado.
Además, Ipiña Ramírez participó también en la convocatoria del Poder Ejecutivo, donde no se le consideró entre las personas mejor evaluadas y no tuvo acceso a una candidatura.
Rosalinda Ávalos cuestionó al Comité del Legislativo la decisión para sí considerarlo entre los mejor evaluados, cuando ni siquiera cumple con el requisito establecido en la convocatoria de contar con experiencia como abogado litigante por cinco años, pues Sabas Ipiña se incapacitó por una lesión y se pensionó de la Policía de Investigación
en 2021.
El Comité recibió sus documentos y señaló que analizará el caso. Su decisión debe ser tomada a más tardar el día de hoy, antes de publicar las listas de candidaturas y enviarlas al Ceepac para su registro.
Fue en noviembre de 2020 cuando los hijos de Rosalinda, Carlos y Daniela, fueron asesinados presuntamente a manera de venganza por haber demostrado la operación de robo de vehículos por parte de otros policías relacionados con el crimen organizado en la delegación de La Pila.
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