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Adaptarán reforma judicial a nivel local

Por María Elena Cruz

Diciembre 13, 2024 03:00 a.m.

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El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, entregó al Congreso del Estado la iniciativa para homologar la Reforma al Poder Judicial a nivel local. La iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria para la sesión ordinaria de este viernes, y propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.

De acuerdo a la propuesta, el proceso electoral extraordinario dará inicio el 2 de enero de 2025, para renovar la totalidad de las personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, la persona Magistrada titular del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, antes Consejo de la Judicatura, y la totalidad de las personas Juzgadoras de Primera Instancia. 

Quienes ocupen estos cargos actualmente tendrán un “pase directo” a la lista realizada por un Comité de Evaluación para participar en la elección, salvo que declinen de su candidatura previo al cierre de la convocatoria. En caso de no resultar electas o electos por la ciudadanía o que decidan no participar en la elección, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta ante el Congreso del Estado las personas que resultaron con mayor votación para ese cargo, que será a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

Quienes actualmente forman parte del Consejo de la Judicatura, por cumplir con funciones administrativas, no podrán tener un pase directo, por lo que si desean participar en el proceso deben registrarse en la convocatoria correspondiente, emitida por el Comité de Evaluación.

Quienes resulten electos para los cargos de personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, durarán en su encargo once años, mientras que las personas Juzgadoras de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, durarán en su encargo ocho años, a fin de empatar con los procesos electorales ordinarios siguientes.

La campaña de los candidatos durará 30 días previos a la jornada electoral y, al igual que la reforma federal, está prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación.