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"Maristas y Fiscalía paran indagación de abuso sexual"

Madre de menor con discapacidad acusa al colegio de obstaculizar investigación, y a la Fiscalía, de inacción

Por Nallely González

Abril 14, 2025 03:00 a.m.

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Fue el 27 de febrero de 2025 cuando la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) clausuró las inscripciones del Instituto Potosino Marista, debido a la obstaculización por parte del colegio, respecto a la investigación de la Fiscalía sobre una agresión sexual a un menor con discapacidad, ocurrida dentro del plantel.

Mónica, madre de un menor con discapacidad intelectual y autismo, denuncia que, en septiembre de 2024, tras recoger a su hijo del grupo especial al que pertenecía, notó señales de alarma físicas y emocionales en su hijo, que culminaron con el dictamen de abuso sexual de una médica legista.

El menor relató detalles consistentes sobre tocamientos inapropiados en clase de música y una agresión sexual posterior en el baño del colegio, así como la identificación del presunto agresor como un compañero de grupo de nuevo ingreso descrito como alto y fuerte.

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"Los niños con discapacidad son muy vulnerables, pero no por eso no se les va a atender y no se les va a creer."

A pesar de que se notificó al colegio sobre la investigación y la denuncia, la colaboración que prometieron a la madre en un inicio ha cambiado radicalmente, ya que se negaron a entregar las grabaciones completas y únicamente proporcionaron fragmentos previamente editados.

Esta falta de cooperación llevó a Mónica a buscar apoyo en el arzobispado, una acción que generó molestia en el director del Instituto Potosino Marista. Según su testimonio, el directivo le recriminó el haber hablado de "cosas que deben quedarse en el colegio", evidenciando una presunta priorización de la imagen institucional por encima del bienestar de su hijo. "Me hablaron para cobrarme la colegiatura, pero en ningún momento para preguntar por la salud de mi hijo", lamentó Mónica, añadiendo:

"Yo le dije, yo voy a Roma si es necesario, yo necesito que me respondan, ¿qué pasó, por qué no entregan las cámaras, por qué no me dan información?".

Un elemento adicional que ha resultado como parte de las investigaciones por parte de la Fiscalía, es el hallazgo de un cabello canoso entre la ropa del menor, descubrimiento que hace pensar a Mónica en la posible participación de un adulto en la agresión y un presunto encubrimiento de ambos agresores por parte de la institución educativa.

La madre denunciante también reveló que, en un inicio, la escuela se comprometió a realizar una investigación interna, así como a la elaboración de un protocolo; pero en las últimas reuniones los abogados argumentaron que esas cosas eran exclusivas de las autoridades, y respecto a la negativa de entregar los videos, le aseguraron que en los 40 segundos que los menores están juntos en el baño, su hijo no pudo haber sido agredido. "Uno de los abogados en la última junta me comentó: para los 40 segundos que estuvieron juntos su niño y el otro niño, no le pudo haber hecho eso."

La frustración con la inacción de la Fiscalía, justificada por el exceso de trabajo, alimenta la sospecha en Mónica de posibles influencias externas, y enfatiza la urgencia de justicia para los niños con discapacidad y su derecho a una respuesta clara sobre las acciones tomadas.

Su reclamo es claro: quiere que las autoridades hagan su trabajo sin importar el renombre de la institución, que el director, la directora y los maestros colaboren con el cumplimiento de la ley, todo para poder responderle a su hijo que hizo todo lo necesario para obtener justicia.

"Un día mi hijo me va a preguntar: ¿y tú qué hiciste? y yo tengo que hacer todo lo que pueda para decirle: mi amor, yo hice todo lo necesario para que se hiciera justicia."