Aspirantes al PJE se unen para defenderse por violencia en redes
Señalan que se ha desatado una creciente ola de violencia en redes sociales
De las 84 mujeres que participan como candidatas en el proceso de selección del Poder Judicial en San Luis Potosí, 71 forman parte de la Red de Mujeres Juzgadoras Candidatas y Electas, una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales (AMCEE).
El objetivo de esta red es brindar acompañamiento y asesoría legal inmediata, como parte de una estrategia para prevenir y atender la violencia política en razón de género durante el próximo proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
Karla Patricia Solís Dibildo, titular de la Comisión de Género e Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), explicó que las candidatas enfrentan un proceso sin el respaldo de estructuras partidistas ni recursos públicos, lo que las deja en una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia digital.
"Todo el proceso lo están transitando solas, porque no cuentan con el apoyo que, en los procesos ordinarios, otorgan los partidos políticos. Están construyendo su campaña desde lo individual", señaló la consejera.
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Por su parte, Viridiana Aguilar Linares, defensora electoral adscrita a la Defensoría Electoral para la Atención de Mujeres contra la Violencia Política de Género y presiones de paridad, calificó como lamentable la creciente violencia en redes sociales. Subrayó que muchas de las agresiones provienen de cuentas falsas o anónimas, y que este tipo de violencia debe ser investigada y sancionada.
"El Ceepac trabaja en coordinación con las autoridades electorales y las fiscalías para erradicar esta violencia. A través del procedimiento especial sancionador se puede iniciar una queja, se investiga y se puede identificar a los responsables. Incluso se colabora con la Policía Cibernética para rastrear perfiles falsos y proceder legalmente", explicó Aguilar. Las sanciones pueden incluir multas económicas y el registro en la lista de personas sancionadas por violencia política en razón de género.
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