A-AA+
El aval de la SCJN sobre revisiones policiales sin orden judicial, puede prestarse a una interpretación amplia en que de las policías municipales, metropolitanas, estatales y federales hagan prácticas discrecionales, valoró Guillermo Luévano Bustamante, profesor-investigador de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son válidas las revisiones a personas y vehículos sin autorización de una orden judicial. Argumentó que las acciones deben hacerse bajo sospecha razonable de la comisión de un delito.
En entrevista, el investigador adujo que dicha determinación, es un indicio y una preparación para validar ciertas medidas policiacas de la Ley de Seguridad Interior, ya que amplía el margen de las libertades de los gendarmes.
“No hay un regulación expresa. Lo deseable es lo contrario, que estuvieran conteniendo y estableciendo protocolos de actuación claros (…) A mí me preocupa, que está por resolver la Corte las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior”, expresó.
El académico lamentó que el máximo tribunal mexicano reconoció una pauta ambigua, regresiva y “potencialmente” autoritaria porque da facultades, a que haya inspecciones policiales sin necesidad de la orden que antes era un requisito.
Luévano Bustamante expuso que una vez resuelto este tema por la SCJN, se puede acudir al ámbito internacional, es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), sin embargo, “el sistema interamericanos es muy lento en su tramitación; lento de años”, lamentó.
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son válidas las revisiones a personas y vehículos sin autorización de una orden judicial. Argumentó que las acciones deben hacerse bajo sospecha razonable de la comisión de un delito.
En entrevista, el investigador adujo que dicha determinación, es un indicio y una preparación para validar ciertas medidas policiacas de la Ley de Seguridad Interior, ya que amplía el margen de las libertades de los gendarmes.
“No hay un regulación expresa. Lo deseable es lo contrario, que estuvieran conteniendo y estableciendo protocolos de actuación claros (…) A mí me preocupa, que está por resolver la Corte las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior”, expresó.
El académico lamentó que el máximo tribunal mexicano reconoció una pauta ambigua, regresiva y “potencialmente” autoritaria porque da facultades, a que haya inspecciones policiales sin necesidad de la orden que antes era un requisito.
Luévano Bustamante expuso que una vez resuelto este tema por la SCJN, se puede acudir al ámbito internacional, es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), sin embargo, “el sistema interamericanos es muy lento en su tramitación; lento de años”, lamentó.
