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Mediante un decreto administrativo, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, excluyó a los representantes empresariales que formaban parte de la Junta de Gobierno de la Agencia Pro San Luis, argumentando riesgos legales al darles a representantes ciudadanas atribuciones de un funcionario.
El decreto administrativo que modifica el artículo sexto del decreto que crea a la dependencia promotora de inversiones en el estado se publicó el 8 de junio en el Periódico Oficial del Estado.
En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, el titular del Ejecutivo explica que en el decreto administrativo mediante el que se creó la agencia, emitido por Carreras López en octubre de 2015, se daba a tres representantes de la sociedad civil los cargos de vocales dentro de la Junta de Gobierno del organismo. Se trataba de las presidencias de los consejos de diálogo ciudadano de Desarrollo Económico, de Turismo y de Desarrollo Agropecuario.
Estos miembros de la junta tenían voz y voto dentro del ente administrativo descentralizado.
Poco menos de cuatro años después, el Ejecutivo señala que esa situación contraviene la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que señala que los órganos de gobierno de las dependencias deben integrarse exclusivamente con funcionarios, que están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Al involucrar a los ciudadanos en las decisiones, advierte, “pueden verse afectados por responsabilidades a las que no se encuentran sujetos al no tener carácter de servidores públicos”.
El decreto dispone que en lugar de asientos en la Junta de Gobierno, a esos ciudadanos se les integraría en un consejo consultivo, con participación en las sesiones, con voz, pero sin voto.
