Bajan a presidente del SEA, denuncia

Integrante del Sistema Estatal Anticorrupción asegura que “lo bajaron” de la presidencia por reformas legales que sin el Congreso, formuló el propio organismo ciudadano.

Juan Ramón Infante, miembro del Sistema Estatal Anticorrupción y también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se presentó como afectado de las decisiones, dijo que los integrantes del Comité Ciudadano modificaron reglamentos aún y cuándo contravienen la ley y nombraron a un presidente interino. 

Mientras, su sucesor inició la capacitación a personal del Poder Legislativo.

Juan Ramón Infante se quejó de que lo relegaron de la toma de decisiones, a pesar de que -dijo- el Comité de Participación Ciudadana no tiene autoridad para modificar nada.

El ahora expresidente se quejó en el exterior del Congreso del Estado, justo cuando quien fue nombrado presidente impartía un curso de capacitación a trabajadores del Poder Legislativo.

Por otra parte, se informó que los 240 entes públicos obligados de la entidad entrarán desde ahora en un sistema de medición que calibrará los niveles de corrupción o en su caso las acciones preventivas, anunció Jesús Rafael Rodríguez López, nombrado presidente del Secretariado Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

Minutos antes de iniciar un curso de capacitación con diputados locales y funcionarios del Congreso del Estado, dijo que 124 estrategias con indicador medible y 248 líneas de acción que deben cumplir los 240 entes públicos del Estado de San Luis Potosí, incluyendo los poderes del Estado.

Explicó que precisamente por lo que se realizó este lunes en el Congreso del Estado, lo que se hace es evitar todo este tipo de circunstancias “que tienen que ver fenómenos lamentables de la corrupción”.

Infante precisó que lo que se hace es dar cumplimiento a un esquema que la propia ley faculta como coordinación del mismo, y que permite la generación de resultados para emitir recomendaciones.

Señaló finalmente que con las capacitaciones iniciaron los procedimientos para implementar la política estatal anticorrupción.