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Con el propósito de sancionar a quien obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que implique la renuncia o menoscabo a sus derechos, la diputada Martha Barajas García propuso adicionar la fracción V al artículo 258 del Código Penal del Estado.
La sanción abarcaría tanto el ámbito del sector público como el de empresas privadas en las que labore el o la afectada.
Explicó que su iniciativa busca establecer que esta práctica se configure como un delito que se sancionaría con una pena de uno a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Señaló la legisladora que hacer firmar en blanco a un trabajador es una artimaña recurrente de los patrones al momento de contratar empleados. Se les obliga a firmar su renuncia, sin fecha o algún documento en blanco que, posteriormente, llena el patrón al momento de despedirlos, lo cual implica renuncia de sus derechos
como trabajadores.
“Esta práctica vejatoria la utilizan los patrones con el fin de condicionar al trabajador el acceso a un empleo, haciendo que el operario renuncie a sus derechos más elementales”, explicó.
“Se debe considerar como una práctica abusiva y rapaz, por lo que debe erradicarse, pues genera inseguridad laboral y un estado de indefensión para el trabajador”, añadió.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación para posteriormente turnarla al pleno del Congreso del Estado para su discusión.
