C.O.: necesario,fortalecer Ley de Fiscalización

José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, señaló la necesidad de fortalecer la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí a fin de evitar casos de corrupción en servidores públicos y otros altos funcionarios.
Esto luego de que la organización Ciudadanos Observando presentara ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) dos denuncias contra instancias y funcionarios públicos, una fue en contra de diversos exdiputados que integraron la pasada Legislatura LXI, y otra contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por presunto mal manejo de recursos públicos relacionados con la recaudación de los parquímetros.
“Lupillo” González afirmó que en reunión con el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, se puntualizó la necesidad fortalecer la ley a fin de que las observaciones realizadas por el propio instituto tengan consecuencias tangibles y severas para los entes auditados.
“Nosotros revisamos los informes de auditoría de cada año y vemos que en cinco años se repite la misma observación, donde le están sugiriendo al ente auditado que evite ese tipo de conductas. La vuelves a leer el año que viene y dice lo mismo, entonces al no haber consecuencias, y yo creo que ahí hasta la propia auditoría está dedicándole muchas horas de su tiempo en algo que no es productivo. Urge hacer modificaciones a la ley de auditoría para hacerla más fuerte y que haya modificaciones más contra los ladrones de cuello blanco porque parece que la ley es muy laxa para ellos”.
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Sin embargo, señaló que los actuales integrantes de la legislatura del Congreso del Estado no tienen la voluntad política en realizar esta modificación en el marco normativo existente, pues afirmó que existe un interés por parte de los diputados para que esta ley se mantenga tal y como esta se encuentra.
Refirió que la mayoría de las sanciones establecidas en esta clase de casos no son suficientes, por lo que consideró que el ejercicio de la función pública se encuentra desvirtuada ante una impunidad generalizada.
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