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El esquema con el que se utilizó a la empresa Grupo Axioma Kusuri SA de CV para que Interapas pagara un sobreprecio de 70 millones de pesos en presuntos servicios, es el mismo con el que se operaron los desvíos de recursos en el que se utilizaron a la Clínica Wong o a la particular Sandra Sánchez Ruiz, señaló el secretario del ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García.
En entrevista, el funcionario municipal señaló que ambos casos, utilizados por las alcaldías gallardistas en Soledad de Graciano Sánchez y de la capital, tienen en común con el de Axioma Kusuri en que se trata de la distribución de cantidades cuantiosas del erario municipal a través de empresas o particulares dedicados al ramo médico, y que presentan aristas sospechosas de ser operaciones ilegales.
La Clínica Wong fue blanco de una investigación federal sobre el desvío de más de 200 millones de pesos del erario soledense, procedente del Ramo 33, cuando el actual diputado federal sin partido Ricardo Gallardo Cardona, que en 2015 pasó casi un año en cárceles federales por este caso.
Sandra Sánchez Ruiz, por su parte, es la aparente propietaria de una pequeña farmacia a la cual el gobierno de la pasada administración, encabezada por Ricardo Gallardo Juárez, pagó millones de pesos por la compra de medicamento. Por este caso, la actual administración presentó denuncias penales.
Ayer, el abogado Gustavo Barrera López, abogado del Interapas en el caso de Axioma, indicó que se encontró un esquema de dispersión de recursos por un monto de 249 millones de pesos, a través de 60 personas físicas y 16 morales, algunas de ellas etiquetadas como “fantasma”
Sobre la presencia de funcionarios en activo, como el encargado de Servicios Médicos del ayuntamiento soledense, Carlos Negrete Ayala, y el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, Dagoberto Castillo Ávila, entre los socios de Axioma Kusuri, Pérez García dijo que ignora si están o no involucrados en la demanda presentada por el Interapas.
El entrevistado indicó que si lo estuvieran, deberán responder ante las autoridades correspondientes y hacerles un llamado para que colaboren en las investigaciones es una tarea que “está en la cancha de la Fiscalía General del Estado”.
