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El Congreso del Estado ignoró dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para eliminar la atribución de la primera minoría en los cabildos municipales de la entidad de nombrar a los candidatos a contralores internos en las alcaldías, declarada ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y pretende mantener sin cambios la norma objetada, que permitiría, en el caso de la capital, al PRD nombrar el contralor del gobierno de Xavier Nava. Al hacerlo, estarían incurriendo en un desacato.
El dictamen de 29 iniciativas de reforma a la mencionada ley será votado hoy en la sesión legislativa y fue firmado por 13 comisiones.
Entre las iniciativas que contiene, hay varias relativas al inciso c de la fracción II del artículo 31, que norma la selección del contralor interno.
Antes de julio de 2015, le correspondía a los alcaldes nombrarlo, pero la anterior Legislatura cambió el proceso, para que la primera minoría en los cabildos, propusiera una terna al alcalde, de la cual elegiría al contralor.
La reforma fue recurrida por el actual gobierno municipal capitalino y por el de Santa María del Río, ante la SCJN, quien la anuló esgrimiendo que el Congreso no tenía atribuciones para legislar en un tema de control de la corrupción, porque en ese entonces, no había marco legal para que actuara.
La anulación sólo afectaba a los ayuntamientos promoventes de la queja. El texto impugnado nunca se cambió.
Dos de las iniciativas relativas a este tema, una del panista Héctor Mendizábal y la otra de la perredista Graciela Gaitán, buscaban anular el texto actual y revertirlo a su estado previo a la anulación, para adecuar la norma al fallo de la SCJN.
Las comisiones, sin embargo, decidieron declararlas improcedentes, alegando que tras establecerse el Sistema Estatal Anticorrupción, “las razones para la resolución por parte de la Corte, dejan de tener vigencia”.
En vez de dar marcha atrás a la reforma, el Congreso considera “necesario atender las propuestas de otras iniciativas que buscan perfeccionar esa reforma”.
Según el abogado Jorge Chessal, el Congreso se arriesga en incurrir en desacato y a sus posibles consecuencias.
El dictamen de 29 iniciativas de reforma a la mencionada ley será votado hoy en la sesión legislativa y fue firmado por 13 comisiones.
Entre las iniciativas que contiene, hay varias relativas al inciso c de la fracción II del artículo 31, que norma la selección del contralor interno.
Antes de julio de 2015, le correspondía a los alcaldes nombrarlo, pero la anterior Legislatura cambió el proceso, para que la primera minoría en los cabildos, propusiera una terna al alcalde, de la cual elegiría al contralor.
La reforma fue recurrida por el actual gobierno municipal capitalino y por el de Santa María del Río, ante la SCJN, quien la anuló esgrimiendo que el Congreso no tenía atribuciones para legislar en un tema de control de la corrupción, porque en ese entonces, no había marco legal para que actuara.
La anulación sólo afectaba a los ayuntamientos promoventes de la queja. El texto impugnado nunca se cambió.
Dos de las iniciativas relativas a este tema, una del panista Héctor Mendizábal y la otra de la perredista Graciela Gaitán, buscaban anular el texto actual y revertirlo a su estado previo a la anulación, para adecuar la norma al fallo de la SCJN.
Las comisiones, sin embargo, decidieron declararlas improcedentes, alegando que tras establecerse el Sistema Estatal Anticorrupción, “las razones para la resolución por parte de la Corte, dejan de tener vigencia”.
En vez de dar marcha atrás a la reforma, el Congreso considera “necesario atender las propuestas de otras iniciativas que buscan perfeccionar esa reforma”.
Según el abogado Jorge Chessal, el Congreso se arriesga en incurrir en desacato y a sus posibles consecuencias.
