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En respuesta a la petición de la Coparmex de desaparecer el actual Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y “comenzar desde cero”, el consejero presidente provisional, Juan Ramón Infante Guerrero, consideró inviable dicha propuesta por el riesgo de caer en la conformación de un CPC “a modo del Gobierno estatal”.
Dijo que si bien la opinión de los empresarios es respetable, la más importante “es la ciudadanía de a pie, aquella que siempre ha resultado más perjudicada con los actos de corrupción que se registran en el sector público, más que los empresarios”.
De hecho, juzgó que la iniciativa privada siempre ha sido “consentida por el Gobierno”, al recibir inversiones a fondo perdido para construir naves industriales y apoyar diversos aspectos de negocio bajo el argumento de que son para crear empleos.
“Sin embargo, muchos de estos empleos no son bien remunerados. Conozco trabajadores que ganan entre 500 y 800 pesos semanales y nada más, especialmente en el Altiplano potosino”, apuntó Infante Guerrero.
Invitó al presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Chalita Zarur, a dialogar sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, expresando que “si bien no comparto su opinión, creo que podemos armonizar nuestras visiones para terminar de cimentar un Consejo que esté del lado de la ciudadanía, que es a la que principalmente se debe”.
