Militarizar la seguridad falló en San Luis Potosí

San Luis Potosí es una prueba de que la militarización de la seguridad pública sólo no es un factor que reduzca la violencia criminal, sino que la agrava señaló un estudio de la organización México Evalúa en torno a los resultados en materia de control delictivo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Así lo concluye el estudio “(In) Seguridad Pública en México, 2018-2024. Un balance de la gestión”, publicado en noviembre.

La principal conclusión del estudio es crítica, pues señala que “la evidencia arroja un balance negativo. Al final, López Obrador heredó un país más violento del que recibió en diciembre de 2018, principalmente en lo que se refiere al avance del control territorial del crimen organizado y la construcción de regímenes criminales”.

Abunda que las debilidades institucionales en materia de seguridad y justicia se acrecentaron, además de que registró profundos retrocesos democráticos como consecuencia de la militarización de la seguridad pública.

En ese sentido, se señala que el discurso de que la militarización de la seguridad remediaría la grave crisis de inseguridad, tesis en el gobierno de AMLO, fracasó.

Señala como prueba, tras analizar los datos de incidencia de delitos como el homicidio doloso y la presencia de la Guardia Nacional y el ejército en los estados, que la relación entre ambos factores no arroja una mejora en los indicadores de seguridad en los estados.

En Aguascalientes, estado gobernado por la oposición, el discurso federal vinculó la ausencia de la GN al alza de la violencia.

Sin embargo, señala México Evalúa, en entidades como Sonora, Colima y San Luis Potosí la presencia de la GN se asocia al incremento de la violencia homicida, “lo que se suma a la evidencia previa que demuestra que la militarización no reduce la violencia, sino que la agrava”.