"Cuando le conviene, Gobierno se mete en las situaciones del Congreso y cuando no, no”, reprocha activista

La tardanza en la homologación de las leyes para la interrupción legal del embarazo se ha retrasado debido a las y los legisladores están aferrados a sus convicciones personales, sin tomar en cuenta que son representantes de un sector de la población, como lo son las mujeres, consideró Arely Torres Miranda, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres.

“Siguen sin entender que su curul es una representación de la ciudadanía, pero también una guía para garantizar los derechos de todas las personas”, señaló.

Agregó que seguramente las y los diputados le tienen miedo al tema por el impacto político de cara al proceso electoral de 2024, sin tomar en cuenta que están cometiendo una omisión legislativa ante el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordó que un grupo de activistas y la exdiputada Alejandra Valdez metieron un amparo para reponer el proceso por medio del cual se desechó una iniciativa para la interrupción legal del embarazo en San Luis Potosí, con lo cual esperan que el tema se aborde en la actual Legislatura.

Señaló que esperaría que el Gobierno del Estado presentara una iniciativa al respecto, lo cual podría hacer dentro de sus atribuciones de garantizar el acceso a la salud para las mujeres, “porque también es su obligación garantizar, cuando le conviene se mete en las situaciones del Congreso y cuando no, no”.

Cuestionó la iniciativa sobre la gestación subrogada que manifestó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Emma Idalia Saldaña Guerrero, pues pone en riesgo a las mujeres en situación de vulnerabilidad bajo los conceptos de desigualdades estructurales.

Por ende, propondría la expulsión de Saldaña Guerrero del partido Movimiento Ciudadano, ya que este tipo de propuestas van en contra de los ideales del partido, pues se permite seguir explotando los cuerpos de las mujeres violando sus derechos humanos.