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Obras públicas deben cumplir norma ambiental

Señala empresario que reglas para la IP también aplican a autoridad

Por Ana Paula Vázquez

Abril 18, 2025 03:00 a.m.

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Ninguna obra pública debe estar exenta del cumplimiento de las normativas ambientales, afirmó Héctor D´Argence, presidente del Parque Industrial Fundidores, al referirse a la tala de árboles y destrucción de vegetación ocasionada por la ampliación del bulevar Río Santiago hasta la comunidad de Palma de la Cruz, obra impulsada por el Gobierno del Estado.

En entrevista, el empresario refirió que, al igual que los proyectos del sector privado, toda construcción debe contar con los permisos correspondientes y estudios de impacto ambiental, especialmente ante los efectos del cambio climático.

Señaló que el desarrollo y el progreso no deben ir en detrimento del entorno natural, y subrayó que es posible lograr un equilibrio entre el crecimiento urbano y la aplicación correcta a la legislación ambiental.

Como ejemplo, D´Argence mencionó el caso de Zacatecas, donde fue cancelada una construcción de un segundo piso para preservar el valor patrimonial y visual del centro histórico, reconocido por la UNESCO. Expresó su respaldo a las obras que generen beneficios a la ciudadanía, siempre que se realicen dentro del marco legal y respetando el medio ambiente.

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Coincidió con Alfredo Ávila Galarza, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, en que los gobiernos deben ser los primeros en dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley. En ese sentido, señaló que "las autoridades tienen la obligación de aplicar y respetar la normatividad ambiental vigente".

Respecto al impuesto ambiental en San Luis Potosí, D´Argence manifestó su escepticismo y pidió mayor claridad sobre su funcionamiento. Aseguró que aún no se entiende cómo se determinará el monto a pagar ni con base en qué evaluaciones se aplicará.

Además, exigió transparencia en el uso de los recursos recaudados, y que se garantice su aplicación en acciones que beneficien al ambiente. Finalmente, subrayó 3 puntos: definir con claridad cómo se cobrará el impuesto, con base en qué criterios, y asegurar la rendición de cuentas sobre su destino.