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Municipios bajo la lupa Dramático llamado
La Auditoría Superior de la Federación puso el ojo ahora en los municipios y en sus contratos de obra pública. Al liberar un segundo paquete de reportes finales de revisión del ejercicio 2017, las autoridades estatales la pasaron relativamente sin rasparse, aunque hay un reporte por un monto importante que toca a algunas dependencias.
Sin embargo, son las alcaldías las que fueron el blanco principal de los auditores, que encontraron que más del 70 por ciento del monto observado corresponde a contratos de obra pública en los ayuntamientos y a las anomalías detectadas a la pasada administración de Aqusmón.
Éste es el caso más grave, pues se presumen un desvío de más de 100 millones de pesos de fondos federales a cuentas a las que no debía ir, y aún faltan por devolver unos 33 millones de pesos.
Pero también están al menos 40 alcaldías que no pudieron comprobar el uso de los recursos o que incluso, se gastaron todo el presupuesto en obras que están inconclusas y sin funcionar.
En tiempos de la “Ecuación Corrupta” los ayuntamientos también fueron ligados en este esquema por el uso de una partida de 81 millones de pesos pedida por la pasada Legislatura que fue concedida por el Ejecutivo y que tuvo, curiosamente, como destino algunas obras municipales reportadas como terminadas, cuando era evidente que nunca fue así.
Este asunto de las alcaldías y el de la denuncia penal contra funcionarios estatales por el desvío de 45 millones de pesos de fondos del Seguro Popular, están en instancias federales, pero sería bueno que las autoridades locales involucradas prepararan sus explicaciones.
A la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su trascendental fallo sobre la posible reapertura de la investigación del asesinato de Karla Pontigo, la Fiscalía General del Estado debería mostrar algún gesto a la familia.
Ya hay un llamado de Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) ya le hicieron en días pasados una petición para realizar esfuerzos por despejar las dudas que rodean al caso y encontrar la verdadera justicia para la joven.
El dramático llamado de una madre también debería impulsar a la instancia investigadora a externar una psotura.
Tras el comentario vertido ayer aquí en este espacio sobre la empresa MiPyme Estrategias Integrales SC, proveedor de servicios del PVEM, liderado por Manuel Barrera Guillén, su accionista Marco Erandi Méndez Alvarado, solicitó una réplica para señalar que, contra lo que se mencionó aquí, la compañía no es “una empresa fantasma”, sino que está legalmente constituida, está reconocida por autoridades electorales y que ofrece servicios de capacitación no sólo al Partido Verde, sino a otras empresas y dependencias públicas.
La empresa ha presentado en los últimos años al menos tres domicilios en su página web, de los cuales en dos, Pulso constató que no operaba ahí. Sobre el punto, Méndez Alvarado admitió que su página web está desactualizada.
El empresario señaló que MiPyme Estrategias Integrales SC se deslinda de situaciones exclusivas de sus clientes.
El Verde Ecologista no ha cedido en su política de gastos discrecionales para favorecer a cercanos de la dirigencia estatal. Tan cercanos como un familiar. También regresó la dudosa empresa MiPyme Estrategias Integrales SC, una empresa que cambia de dirección como alguien cambia de calcetines, y sigue cobrando jugosos recursos por fantasmales servicios de capacitación
¡HASTA MAÑANA!
La Auditoría Superior de la Federación puso el ojo ahora en los municipios y en sus contratos de obra pública. Al liberar un segundo paquete de reportes finales de revisión del ejercicio 2017, las autoridades estatales la pasaron relativamente sin rasparse, aunque hay un reporte por un monto importante que toca a algunas dependencias.
Sin embargo, son las alcaldías las que fueron el blanco principal de los auditores, que encontraron que más del 70 por ciento del monto observado corresponde a contratos de obra pública en los ayuntamientos y a las anomalías detectadas a la pasada administración de Aqusmón.
Éste es el caso más grave, pues se presumen un desvío de más de 100 millones de pesos de fondos federales a cuentas a las que no debía ir, y aún faltan por devolver unos 33 millones de pesos.
Pero también están al menos 40 alcaldías que no pudieron comprobar el uso de los recursos o que incluso, se gastaron todo el presupuesto en obras que están inconclusas y sin funcionar.
En tiempos de la “Ecuación Corrupta” los ayuntamientos también fueron ligados en este esquema por el uso de una partida de 81 millones de pesos pedida por la pasada Legislatura que fue concedida por el Ejecutivo y que tuvo, curiosamente, como destino algunas obras municipales reportadas como terminadas, cuando era evidente que nunca fue así.
Este asunto de las alcaldías y el de la denuncia penal contra funcionarios estatales por el desvío de 45 millones de pesos de fondos del Seguro Popular, están en instancias federales, pero sería bueno que las autoridades locales involucradas prepararan sus explicaciones.
A la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su trascendental fallo sobre la posible reapertura de la investigación del asesinato de Karla Pontigo, la Fiscalía General del Estado debería mostrar algún gesto a la familia.
Ya hay un llamado de Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) ya le hicieron en días pasados una petición para realizar esfuerzos por despejar las dudas que rodean al caso y encontrar la verdadera justicia para la joven.
El dramático llamado de una madre también debería impulsar a la instancia investigadora a externar una psotura.
Tras el comentario vertido ayer aquí en este espacio sobre la empresa MiPyme Estrategias Integrales SC, proveedor de servicios del PVEM, liderado por Manuel Barrera Guillén, su accionista Marco Erandi Méndez Alvarado, solicitó una réplica para señalar que, contra lo que se mencionó aquí, la compañía no es “una empresa fantasma”, sino que está legalmente constituida, está reconocida por autoridades electorales y que ofrece servicios de capacitación no sólo al Partido Verde, sino a otras empresas y dependencias públicas.
La empresa ha presentado en los últimos años al menos tres domicilios en su página web, de los cuales en dos, Pulso constató que no operaba ahí. Sobre el punto, Méndez Alvarado admitió que su página web está desactualizada.
El empresario señaló que MiPyme Estrategias Integrales SC se deslinda de situaciones exclusivas de sus clientes.
El Verde Ecologista no ha cedido en su política de gastos discrecionales para favorecer a cercanos de la dirigencia estatal. Tan cercanos como un familiar. También regresó la dudosa empresa MiPyme Estrategias Integrales SC, una empresa que cambia de dirección como alguien cambia de calcetines, y sigue cobrando jugosos recursos por fantasmales servicios de capacitación
¡HASTA MAÑANA!
