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Retraso peligroso Doble enojo
No se debería echar en saco roto el dato que incluye la más reciente evaluación internacional sobre los esfuerzos de las autoridades mexicanas contra el lavado de dinero sobre las deficiencias en el registro de empresas en San Luis Potosí.
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En especial después de que varias administraciones han presumido millonarias inversiones en la eficientización del antiguo Registro Público de la Propiedad y Comercio, ahora Instituto Registral del Estado.
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Al parecer, la cuantiosa inyección de recursos no ha servido para abatir el rezago en la inscripción de empresas, de acuerdo al reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), quien entre los centenares de puntos de riesgo que detectó en el entramado legal e institucional del Estado mexicano incluyó el caso potosino.
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Es de esperarse que el fallo en verdad se deba a un rezago de recursos y a la habitual falta de planeación de las autoridades potosinas, pues la alternativa es más preocupante: una falta deliberada que permita crear zonas oscuras en el registro de empresas en la entidad para ser aprovechada por los beneficiados del lavado de dinero.
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Pues resultó que fue doble el disgusto de un buen número de constructoras y del órgano que las agrupa, la CMIC, contra la alcaldía capitalina por lo que consideran una licitación irregular.
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Y es que la licitación de marras, para la rehabilitación de una parte de Fray Diego de la Magdalena, ¡se canceló dos veces!
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La primera ocasión, ocurrida el 11 de noviembre del año pasado, Benjamín Pérez Álvarez, subdirector de Licitaciones de Obra Pública adscrito a la Dirección de Obra Pública del Ayuntamiento gallardista, descalificó a los siete participantes, declarando desierta la licitación.
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La misma se repitió poco más de un mes después, el 14 de diciembre del año pasado, cuando el mismo funcionario “cepilló” de igual forma a los mismos participantes, que quedaron descalificados con diversos argumentos y, otra vez, declarando desierta la licitación.
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De acuerdo a los datos obtenidos en la página de Compranet, las posturas de los constructores concursantes iban de los 182.3 a los 290 millones de pesos.
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Resulta llamativo que los constructores, ya más o menos semblanteados desde el primer rechazo, de qué cosas corregir en el concurso, hayan sido rechazados por una segunda ocasión.
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Por cierto, entre los concursantes fallidos y ahora inconformes contra la alcaldía está el constructor Guillermo Leal Tovías, hermano del secretario general de Gobierno.
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El constructor Leal Tovías también mantiene un litigio con la Seduvop estatal por lo que considera una licitación irregular en las obras de Carranza.
No se debería echar en saco roto el dato que incluye la más reciente evaluación internacional sobre los esfuerzos de las autoridades mexicanas contra el lavado de dinero sobre las deficiencias en el registro de empresas en San Luis Potosí.
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En especial después de que varias administraciones han presumido millonarias inversiones en la eficientización del antiguo Registro Público de la Propiedad y Comercio, ahora Instituto Registral del Estado.
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Al parecer, la cuantiosa inyección de recursos no ha servido para abatir el rezago en la inscripción de empresas, de acuerdo al reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), quien entre los centenares de puntos de riesgo que detectó en el entramado legal e institucional del Estado mexicano incluyó el caso potosino.
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Es de esperarse que el fallo en verdad se deba a un rezago de recursos y a la habitual falta de planeación de las autoridades potosinas, pues la alternativa es más preocupante: una falta deliberada que permita crear zonas oscuras en el registro de empresas en la entidad para ser aprovechada por los beneficiados del lavado de dinero.
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Pues resultó que fue doble el disgusto de un buen número de constructoras y del órgano que las agrupa, la CMIC, contra la alcaldía capitalina por lo que consideran una licitación irregular.
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Y es que la licitación de marras, para la rehabilitación de una parte de Fray Diego de la Magdalena, ¡se canceló dos veces!
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La primera ocasión, ocurrida el 11 de noviembre del año pasado, Benjamín Pérez Álvarez, subdirector de Licitaciones de Obra Pública adscrito a la Dirección de Obra Pública del Ayuntamiento gallardista, descalificó a los siete participantes, declarando desierta la licitación.
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La misma se repitió poco más de un mes después, el 14 de diciembre del año pasado, cuando el mismo funcionario “cepilló” de igual forma a los mismos participantes, que quedaron descalificados con diversos argumentos y, otra vez, declarando desierta la licitación.
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De acuerdo a los datos obtenidos en la página de Compranet, las posturas de los constructores concursantes iban de los 182.3 a los 290 millones de pesos.
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Resulta llamativo que los constructores, ya más o menos semblanteados desde el primer rechazo, de qué cosas corregir en el concurso, hayan sido rechazados por una segunda ocasión.
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Por cierto, entre los concursantes fallidos y ahora inconformes contra la alcaldía está el constructor Guillermo Leal Tovías, hermano del secretario general de Gobierno.
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El constructor Leal Tovías también mantiene un litigio con la Seduvop estatal por lo que considera una licitación irregular en las obras de Carranza.
