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* Saqueo de mañosos
* Ecuación electoral
Una sociedad y un cuerpo de autoridades inmovilizado, generan las condiciones para que los diputados en los diversos congresos de la República utilicen indiscriminadamente dinero, como si el hecho de gastarlo fuera parte de la función legislativa. Las historias de legislaturas impolutas y constitucionalistas, que a decir de los restauradores de evidencias, dieron a los mexicanos el estado actual que tenemos, parecen inverosímiles, con el grado de desvergüenza con que los diputados gastan dinero, que bien podría servir incluso para salvar la vida de una persona que no tiene dinero para la compra de medicamentos y pagar los honorarios de un buen médico.
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Es fenómeno político y social que poco a poco se va presentando como algo común y corriente. Los diputados tienen prisa por gastar lo que sea. Podría atribuirse este fenómeno a la voracidad de algunos, a la novedad que representa para aquellos que anteriormente percibían un salario modesto, por primera vez tener el control de enormes sumas de dinero. Se les quema en las manos el recurso que la Tesorería y la Oficialía Mayor les notifican que está disponible. Para gastar ese dinero hay motivos sobrados, desde algunas supuestas ayudas hasta comidas en restaurantes onerosos y facturas a favor de gasolineras y hasta para organizaciones civiles. Olvidan que el poder ejecutivo es el principal obligado a gastar dinero en acciones de gobierno y apoyos sociales.
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Sin embargo, el sistema legal está diseñado para que un organismo auditor mantenga en la impunidad cualquier gasto irregular o excesivo efectuado por algún miembro del Poder Legislativo. La pérdida del fuero constitucional es lo de menos. Con o sin fuero, las mañas son iguales. Basta la revisión a los gastos del año 2017, sí, el de la Ecuación Corrupta, para hacer constar que ni siquiera un escándalo que cimbra la reputación de legisladores, es capaz de contener la irresponsabilidad financiera del Congreso del Estado. Sacar dinero parece ser lo prioritario. Ya no es una acción apresurada de fin de periodo legislativo. El recurso público se va con tan solo firmar pólizas y cheques a nombre de quien se deje. Es cierto que los contadores suelen registrar gastos el último día del mes, pero también que para esa fecha es posible ver en su justa dimensión lo escandaloso del uso del dinero. Los congresos son de las pocas instituciones a quienes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les pide devolución de lo no ejercido o de lo no comprobado.
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Y de la actuación dudosa hay suficientes ejemplos como aquellos que indignan a la cúpula empresarial potosina. Uno de los casos más sonados es el de un diputado del PRI que se convirtió en vendedor de tractores, decía usar satélites para ver el sentido del voto y fue envuelto en una ecuación. Ese diputado ya lo has ido dos veces por la vía federal y dos más por la vía local. Sin embargo, no se le conoce acción memorable a lo largo de todo ese periodo, que pudiera hacer presumir que fue un legislador digno de recordar. Ni como diputado federal ni como diputado local aportó evidencias de un trabajo legislativo que no deje lugar a dudas.
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En el proceso de investigación del escándalo de corrupción del Congreso del Estado, y en vista de que el diputado utilizó para volver a la vida política una carta que le extendió el ministerio público donde acredita que por ahora no se le ha fincado responsabilidad alguna, se trata de una verdad a medias, porque la Fiscalía General del Estado no ha concluido la investigación penal y por lo tanto, no cabe la afirmación de que el diputado fue exonerado de los cargos que le imputaba su ex compañero Enrique Alejandro Flores Flores, en el video donde aparece pidiendo 4 millones de pesos a un alcalde por blanquearle su cuenta pública. No hay nada escrito que lo libere de responsabilidad.
¡¡HASTA MAÑANA!!
* Ecuación electoral
Una sociedad y un cuerpo de autoridades inmovilizado, generan las condiciones para que los diputados en los diversos congresos de la República utilicen indiscriminadamente dinero, como si el hecho de gastarlo fuera parte de la función legislativa. Las historias de legislaturas impolutas y constitucionalistas, que a decir de los restauradores de evidencias, dieron a los mexicanos el estado actual que tenemos, parecen inverosímiles, con el grado de desvergüenza con que los diputados gastan dinero, que bien podría servir incluso para salvar la vida de una persona que no tiene dinero para la compra de medicamentos y pagar los honorarios de un buen médico.
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Es fenómeno político y social que poco a poco se va presentando como algo común y corriente. Los diputados tienen prisa por gastar lo que sea. Podría atribuirse este fenómeno a la voracidad de algunos, a la novedad que representa para aquellos que anteriormente percibían un salario modesto, por primera vez tener el control de enormes sumas de dinero. Se les quema en las manos el recurso que la Tesorería y la Oficialía Mayor les notifican que está disponible. Para gastar ese dinero hay motivos sobrados, desde algunas supuestas ayudas hasta comidas en restaurantes onerosos y facturas a favor de gasolineras y hasta para organizaciones civiles. Olvidan que el poder ejecutivo es el principal obligado a gastar dinero en acciones de gobierno y apoyos sociales.
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Sin embargo, el sistema legal está diseñado para que un organismo auditor mantenga en la impunidad cualquier gasto irregular o excesivo efectuado por algún miembro del Poder Legislativo. La pérdida del fuero constitucional es lo de menos. Con o sin fuero, las mañas son iguales. Basta la revisión a los gastos del año 2017, sí, el de la Ecuación Corrupta, para hacer constar que ni siquiera un escándalo que cimbra la reputación de legisladores, es capaz de contener la irresponsabilidad financiera del Congreso del Estado. Sacar dinero parece ser lo prioritario. Ya no es una acción apresurada de fin de periodo legislativo. El recurso público se va con tan solo firmar pólizas y cheques a nombre de quien se deje. Es cierto que los contadores suelen registrar gastos el último día del mes, pero también que para esa fecha es posible ver en su justa dimensión lo escandaloso del uso del dinero. Los congresos son de las pocas instituciones a quienes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les pide devolución de lo no ejercido o de lo no comprobado.
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Y de la actuación dudosa hay suficientes ejemplos como aquellos que indignan a la cúpula empresarial potosina. Uno de los casos más sonados es el de un diputado del PRI que se convirtió en vendedor de tractores, decía usar satélites para ver el sentido del voto y fue envuelto en una ecuación. Ese diputado ya lo has ido dos veces por la vía federal y dos más por la vía local. Sin embargo, no se le conoce acción memorable a lo largo de todo ese periodo, que pudiera hacer presumir que fue un legislador digno de recordar. Ni como diputado federal ni como diputado local aportó evidencias de un trabajo legislativo que no deje lugar a dudas.
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En el proceso de investigación del escándalo de corrupción del Congreso del Estado, y en vista de que el diputado utilizó para volver a la vida política una carta que le extendió el ministerio público donde acredita que por ahora no se le ha fincado responsabilidad alguna, se trata de una verdad a medias, porque la Fiscalía General del Estado no ha concluido la investigación penal y por lo tanto, no cabe la afirmación de que el diputado fue exonerado de los cargos que le imputaba su ex compañero Enrique Alejandro Flores Flores, en el video donde aparece pidiendo 4 millones de pesos a un alcalde por blanquearle su cuenta pública. No hay nada escrito que lo libere de responsabilidad.
¡¡HASTA MAÑANA!!
