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La fiesta del FONE
Alameda, adiós... adiós
Uno de los más graves pendientes del sector educativo es el gasto del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que de acuerdo a la fórmula vigente hasta hace algunos años permitía al Gobierno Federal cubrir una parte de la nómina y el fondo de pensiones del magisterio.
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En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, esa fórmula cambió y ahora, las entidades federativas deben hacerse responsables del ejercicio de una parte del presupuesto, para cubrir obligaciones financieras con los trabajadores de la educación. Parte importante de los gastos se va en el pago de salarios de los educadores sacrificados en el actual sexenio federal, porque la reforma educativa no alcanzó a cubrir todas las necesidades.
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Es frecuente la inconformidad de profesores en activo, porque la Secretaría Educación o incluso las secciones de sindicatos, son especialistas en incluir en la nómina a profesores que no hacen servicio o se encuentran comisionados en una misión que no queda clara. Se trata de personal contratado que no presta ninguna función para la educación y sin embargo, puntualmente recibe pagos del gobierno como si el desempeño de alguna labor fuera realidad.
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Por lo general, esas inconformidades se quedan en comentarios de pasillo, pero no aterrizan en una denuncia formal para evidenciar a servidores públicos parásitos, que llegaron a la nómina sin importar que el gobierno se quede sin recursos para cubrir el salario de profesores que realmente valen la pena.
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El FONE es uno de los recursos con mayor dificultad para llegar a las arcas públicas y sin embargo pareciera ser que las autoridades no están interesadas en la planeación la gestión para la educación, con un gasto equilibrado y únicamente destinado a pagar los sueldos de quienes verdaderamente se encuentran frente a las aulas.
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Destinar recursos por 68 millones 600 mil pesos a la nómina de personas que dicen estar condicionadas a labores sindicales y otras funciones desconocidas, hace urgente que la reforma educativa no sólo sea un documento sin dientes y únicamente para aparentar una acción de gobierno.
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El ideal es el manotazo en la mesa de quien manda en este país, para evitar el crecimiento de esa nómina y pedir a los profesores que cobran sin trabajar, regresar el dinero que de entrada no les pertenece. Claro está que se ve difícil, ahora que el Gobierno Federal actual ya se encuentra en el final de su periodo, y de no muy buena manera.
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Y a propósito de presupuesto federal y de acciones que se quedaron en intenciones, se fue el gobierno del presidente de la república Enrique Peña Nieto, con el incumplimiento de la promesa de campaña para invertir dentro de las obras del Centro Histórico de la capital potosina, en el proyecto de construcción de pasos inferiores a desnivel, un estacionamiento subterráneo y explanadas para unir la Plaza del Carmen con la Alameda Juan Sarabia y ésta a su vez con el Museo del ferrocarril y el centro de transferencia de transporte urbano.
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Es el propio Gobierno Federal quien propició la falta de fondos para continuar con ese proyecto, puesto que recortó los recursos de la Comisión Nacional del Agua, que bien pudieron servir para la conclusión de la elaboración del colector pluvial que gobernaría las aguas, para hacer posible la construcción de los pasos a desnivel.
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Peña Nieto prometió los recursos y dejar un centro histórico muy distinto para el fin de su sexenio, y sin embargo, la promesa incumplida parece más bien ser producto de los desórdenes administrativos de los recursos federales. Por lo menos así se ve en los desequilibrios de inversión para proyectos necesarios y los recursos que fluyen para instituciones anómalas, tales como aquellas donde los administradores del dinero prefieren destinar a festejos de maestros y a profesores que no trabajan y cobran un presupuesto sin límites.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
Alameda, adiós... adiós
Uno de los más graves pendientes del sector educativo es el gasto del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que de acuerdo a la fórmula vigente hasta hace algunos años permitía al Gobierno Federal cubrir una parte de la nómina y el fondo de pensiones del magisterio.
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En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, esa fórmula cambió y ahora, las entidades federativas deben hacerse responsables del ejercicio de una parte del presupuesto, para cubrir obligaciones financieras con los trabajadores de la educación. Parte importante de los gastos se va en el pago de salarios de los educadores sacrificados en el actual sexenio federal, porque la reforma educativa no alcanzó a cubrir todas las necesidades.
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Es frecuente la inconformidad de profesores en activo, porque la Secretaría Educación o incluso las secciones de sindicatos, son especialistas en incluir en la nómina a profesores que no hacen servicio o se encuentran comisionados en una misión que no queda clara. Se trata de personal contratado que no presta ninguna función para la educación y sin embargo, puntualmente recibe pagos del gobierno como si el desempeño de alguna labor fuera realidad.
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Por lo general, esas inconformidades se quedan en comentarios de pasillo, pero no aterrizan en una denuncia formal para evidenciar a servidores públicos parásitos, que llegaron a la nómina sin importar que el gobierno se quede sin recursos para cubrir el salario de profesores que realmente valen la pena.
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El FONE es uno de los recursos con mayor dificultad para llegar a las arcas públicas y sin embargo pareciera ser que las autoridades no están interesadas en la planeación la gestión para la educación, con un gasto equilibrado y únicamente destinado a pagar los sueldos de quienes verdaderamente se encuentran frente a las aulas.
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Destinar recursos por 68 millones 600 mil pesos a la nómina de personas que dicen estar condicionadas a labores sindicales y otras funciones desconocidas, hace urgente que la reforma educativa no sólo sea un documento sin dientes y únicamente para aparentar una acción de gobierno.
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El ideal es el manotazo en la mesa de quien manda en este país, para evitar el crecimiento de esa nómina y pedir a los profesores que cobran sin trabajar, regresar el dinero que de entrada no les pertenece. Claro está que se ve difícil, ahora que el Gobierno Federal actual ya se encuentra en el final de su periodo, y de no muy buena manera.
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Y a propósito de presupuesto federal y de acciones que se quedaron en intenciones, se fue el gobierno del presidente de la república Enrique Peña Nieto, con el incumplimiento de la promesa de campaña para invertir dentro de las obras del Centro Histórico de la capital potosina, en el proyecto de construcción de pasos inferiores a desnivel, un estacionamiento subterráneo y explanadas para unir la Plaza del Carmen con la Alameda Juan Sarabia y ésta a su vez con el Museo del ferrocarril y el centro de transferencia de transporte urbano.
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Es el propio Gobierno Federal quien propició la falta de fondos para continuar con ese proyecto, puesto que recortó los recursos de la Comisión Nacional del Agua, que bien pudieron servir para la conclusión de la elaboración del colector pluvial que gobernaría las aguas, para hacer posible la construcción de los pasos a desnivel.
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Peña Nieto prometió los recursos y dejar un centro histórico muy distinto para el fin de su sexenio, y sin embargo, la promesa incumplida parece más bien ser producto de los desórdenes administrativos de los recursos federales. Por lo menos así se ve en los desequilibrios de inversión para proyectos necesarios y los recursos que fluyen para instituciones anómalas, tales como aquellas donde los administradores del dinero prefieren destinar a festejos de maestros y a profesores que no trabajan y cobran un presupuesto sin límites.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
