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Otra vez bajo sospecha
Policías y civiles
Si el Congreso quiere dejar en claro el trasfondo del cuantioso laudo que está obligado a pagar a un empleado que, pese a haber demandado a ese poder, sigue laborando ahí, está fracasando
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Y en una instancia pública que ha justificado con creces la desconfianza de los ciudadanos, una situación como ésta no hace más que incrementar el pensamiento de que hay algo oscuro y sucio.
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Los diputados señalan que quieren aclarar si una negligencia en la atención de un pleito laboral hizo crecer el monto de la indemnización a un nivel que afectará las finanzas legislativas.
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El chivo expiatorio lo buscan en corral ajeno, en la pasada administración. Pero también pueden tener sus propios ejemplares.
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¿Cuál fue la razón por la que un acuerdo extrajudicial autorizado en febrero de 2016 (y no de 2017, como se señaló erróneamente en la nota de ayer) para desactivar el pleito no prosperara? ¿El cheque por cien mil pesos que aparece como entregado en el listado de documentos de marzo de 2016 fue cobrado o no? ¿Y el de 566 mil pesos, expedido por la pasada Legislatura en 2014? ¿Quién permitió al trabajador seguir cobrando en la empresa que demandó?
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El Congreso no ha sabido responder claramente a las interrogantes que la misma dependencia generó. Y los datos que han ido surgiendo en torno a la participación de esta misma Legislatura en el problema, con el fracasado acuerdo extrajudicial, la incluyen en la sospecha.
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Hablando de pensar mal de esta diputación, en Valles, surgen de manera espontánea otros dos casos de presuntos apoyos de la partida de Gestoría Institucional. Dos aparentes beneficiarias desmintieron haber recibido el recurso, pese a que sus nombres aparecieron en el listado de cheques legislativos.
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Desde que empezaron a documentarse estos groseros manejos de recursos públicos, los diputados son blanco de sospecha. Y lo seguirán estando en tanto esa partida y su perverso uso se mantengan.
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La dinámica delictiva que se ha asentado en la entidad, quizá menos violenta, pero siempre presente, está convirtiendo a las policías en un blanco frecuente de la violencia.
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Ayer, uno de esos ciclos terribles que no han dejado de presentarse se repitió: el domingo, un policía municipal de Soledad y su pareja fueron asesinados en el vecino municipio. Y ayer, otro agente, esta vez capitalino, fue emboscado en el bulevar Río Santiago.
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Toda clase de impunidad es condenable, pero pareciera que, en los casos de los policías caídos, ni siquiera el espíritu de cuerpo ha servido para encontrar, juzgar y condenar a los responsables.
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En ese sentido, los asesinatos de policías, como los de los civiles, no han tenido más respuesta que la impunidad.
Policías y civiles
Si el Congreso quiere dejar en claro el trasfondo del cuantioso laudo que está obligado a pagar a un empleado que, pese a haber demandado a ese poder, sigue laborando ahí, está fracasando
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Y en una instancia pública que ha justificado con creces la desconfianza de los ciudadanos, una situación como ésta no hace más que incrementar el pensamiento de que hay algo oscuro y sucio.
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Los diputados señalan que quieren aclarar si una negligencia en la atención de un pleito laboral hizo crecer el monto de la indemnización a un nivel que afectará las finanzas legislativas.
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El chivo expiatorio lo buscan en corral ajeno, en la pasada administración. Pero también pueden tener sus propios ejemplares.
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¿Cuál fue la razón por la que un acuerdo extrajudicial autorizado en febrero de 2016 (y no de 2017, como se señaló erróneamente en la nota de ayer) para desactivar el pleito no prosperara? ¿El cheque por cien mil pesos que aparece como entregado en el listado de documentos de marzo de 2016 fue cobrado o no? ¿Y el de 566 mil pesos, expedido por la pasada Legislatura en 2014? ¿Quién permitió al trabajador seguir cobrando en la empresa que demandó?
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El Congreso no ha sabido responder claramente a las interrogantes que la misma dependencia generó. Y los datos que han ido surgiendo en torno a la participación de esta misma Legislatura en el problema, con el fracasado acuerdo extrajudicial, la incluyen en la sospecha.
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Hablando de pensar mal de esta diputación, en Valles, surgen de manera espontánea otros dos casos de presuntos apoyos de la partida de Gestoría Institucional. Dos aparentes beneficiarias desmintieron haber recibido el recurso, pese a que sus nombres aparecieron en el listado de cheques legislativos.
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Desde que empezaron a documentarse estos groseros manejos de recursos públicos, los diputados son blanco de sospecha. Y lo seguirán estando en tanto esa partida y su perverso uso se mantengan.
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La dinámica delictiva que se ha asentado en la entidad, quizá menos violenta, pero siempre presente, está convirtiendo a las policías en un blanco frecuente de la violencia.
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Ayer, uno de esos ciclos terribles que no han dejado de presentarse se repitió: el domingo, un policía municipal de Soledad y su pareja fueron asesinados en el vecino municipio. Y ayer, otro agente, esta vez capitalino, fue emboscado en el bulevar Río Santiago.
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Toda clase de impunidad es condenable, pero pareciera que, en los casos de los policías caídos, ni siquiera el espíritu de cuerpo ha servido para encontrar, juzgar y condenar a los responsables.
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En ese sentido, los asesinatos de policías, como los de los civiles, no han tenido más respuesta que la impunidad.
