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¿Sacarán la lupa?
Anaya, acorralado
Al menos de palabra, en el Ejecutivo se mostró disposición para indagar los contactos entre dependencias estatales y una empresa sospechosa de servir, mediante la aportación de facturas, al maquillaje y manipulación de recursos públicos en el Congreso.
???
De inicio, parece positivo, pero ese barniz se despinta al recordar el escaso palmarés de la Contraloría General del Estado en la lucha contra la corrupción.
???
Los señalamientos de que se revisarán las dependencias estatales, hasta ahora, el Inpode y el Cecyte, que han hecho negocios con la presunta empresa “fantasma” Comercializadora Ismalog, servirán de precedente para indagar, en el futuro, qué resultados se encontraron. Y nada más que eso.
???
En contraste, en el Congreso derivan la responsabilidad de vigilar la legalidad de las operaciones al Servicio de Administración Tributaria.
???
Se pide que sea la dependencia federal la encargada de vigilar la legalidad de las operaciones con facturas de empresas de dudosa situación.
???
Esa tarea, sin embargo, debería ser del propio Congreso. Aún más, lo de la comprobación de que las empresas con las que los diputados tienen tratos no sean una fábrica de facturas en blanco debe ser apenas el inicio.
???
Más allá de eso, se deben revisar los métodos de selección de estos proveedores. ¿Quién las elige? ¿Los diputados? ¿La Jucopo? ¿Se cumplen los procesos de adjudicación de contratos previstos por la Ley?
???
Quizá ahí esté el inicio del camino para descontaminar este asunto.
???
La Secretaría de Salud contestó con un deslinde al desplegado de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud en la que le reclama el pago de 75 millones de pesos en pasivos por medicamentos.
???
La responsabilidad recae, por obra de los acuerdos de compras consolidadas del Congreso, en el gobierno federal. Habrá que ver las reglas que controlan esas adquisiciones que, por lo que se sabe, también benefician a instituciones federales de salud, como el IMSS y el ISSSTE.
???
¿Por qué entonces aparece la Secretaría de Salud estatal como el “pagano” de la operación y, por consiguiente, es la dependencia exhibida por la ANDIS?
???
Habrá que ver los recovecos de estos acuerdos y, si al final, la dependencia potosina está fuera de toda deuda.
???
Ricardo Anaya se vio en aprietos en su aparición en Tercer Grado, el programa de Televisa, cuando se le interrogó, de manera directa, si cree en la honestidad de la familia Gallardo.
???
Sacado de balance, quiso confundir diciendo que el PAN no apoyaba a Gallardo padre, que es correcto. Los incisivos reporteros, sin embargo, lo acorralaron recordándole que el hijo era candidato a una diputación de la alianza que encabeza.
???
Sin margen de maniobra, se vio forzado a decir que no sabía. Aquí, dijo que no le constaban los hechos que le achacaban a la familia de políticos. Se vio mal el candidato. Y el clan también.
???
¡¡¡HASTA MAÑANA!!!
Anaya, acorralado
Al menos de palabra, en el Ejecutivo se mostró disposición para indagar los contactos entre dependencias estatales y una empresa sospechosa de servir, mediante la aportación de facturas, al maquillaje y manipulación de recursos públicos en el Congreso.
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De inicio, parece positivo, pero ese barniz se despinta al recordar el escaso palmarés de la Contraloría General del Estado en la lucha contra la corrupción.
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Los señalamientos de que se revisarán las dependencias estatales, hasta ahora, el Inpode y el Cecyte, que han hecho negocios con la presunta empresa “fantasma” Comercializadora Ismalog, servirán de precedente para indagar, en el futuro, qué resultados se encontraron. Y nada más que eso.
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En contraste, en el Congreso derivan la responsabilidad de vigilar la legalidad de las operaciones al Servicio de Administración Tributaria.
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Se pide que sea la dependencia federal la encargada de vigilar la legalidad de las operaciones con facturas de empresas de dudosa situación.
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Esa tarea, sin embargo, debería ser del propio Congreso. Aún más, lo de la comprobación de que las empresas con las que los diputados tienen tratos no sean una fábrica de facturas en blanco debe ser apenas el inicio.
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Más allá de eso, se deben revisar los métodos de selección de estos proveedores. ¿Quién las elige? ¿Los diputados? ¿La Jucopo? ¿Se cumplen los procesos de adjudicación de contratos previstos por la Ley?
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Quizá ahí esté el inicio del camino para descontaminar este asunto.
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La Secretaría de Salud contestó con un deslinde al desplegado de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud en la que le reclama el pago de 75 millones de pesos en pasivos por medicamentos.
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La responsabilidad recae, por obra de los acuerdos de compras consolidadas del Congreso, en el gobierno federal. Habrá que ver las reglas que controlan esas adquisiciones que, por lo que se sabe, también benefician a instituciones federales de salud, como el IMSS y el ISSSTE.
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¿Por qué entonces aparece la Secretaría de Salud estatal como el “pagano” de la operación y, por consiguiente, es la dependencia exhibida por la ANDIS?
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Habrá que ver los recovecos de estos acuerdos y, si al final, la dependencia potosina está fuera de toda deuda.
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Ricardo Anaya se vio en aprietos en su aparición en Tercer Grado, el programa de Televisa, cuando se le interrogó, de manera directa, si cree en la honestidad de la familia Gallardo.
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Sacado de balance, quiso confundir diciendo que el PAN no apoyaba a Gallardo padre, que es correcto. Los incisivos reporteros, sin embargo, lo acorralaron recordándole que el hijo era candidato a una diputación de la alianza que encabeza.
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Sin margen de maniobra, se vio forzado a decir que no sabía. Aquí, dijo que no le constaban los hechos que le achacaban a la familia de políticos. Se vio mal el candidato. Y el clan también.
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¡¡¡HASTA MAÑANA!!!
