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Pleito con la IP
Urge un rescate federal
Los reclamos de los comerciantes establecidos a la alcaldía por la flexibilidad de trato al ambulantaje y los señalamientos de empleados de una empresa gasera contra las restricciones que impone el ayuntamiento de la capital a las labores de la compañía dibujan una versión local del pleito de AMLO con la clase empresarial.
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Con sus muy particulares características, el caso potosino replica el escenario de un político que no puede mantener una buena relación con la iniciativa privada.
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En efecto, son varios los desencuentros que ha tenido el alcalde Ricardo Gallardo Juárez con los hombres y mujeres del sector productivo. Con constructores, se peleó por las licitaciones a modo; con comerciantes, el rigor de las inspecciones y la manga ancha con el ambulantaje han dicho los motivos de las fricciones. Con vivienderos, las historias escabrosas de permisos a fraccionamientos detenidos no son raras.
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La actitud retadora del alcalde y su ayuntamiento está inscrita en la cruzada de clase que ha sido la bandera de su forma de gobernar. El pueblo pobre tiene, por fin, a una autoridad a su lado, que lo defiende del expolio.
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Desde luego, es demagogia, pero ha servido para sacar rentabilidad política al gallardismo. El problema es que esa actitud no es sana y, con el tiempo, demostrará sus nocivos efectos.
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Debería ser motivo de una alarma institucional el hecho de que la escalada delictiva parezca no tener fin. Los días con al menos una muerte atribuible a un hecho violento se encadenan al grado que pronto, la nota la dará el día en que no haya un ejecutado.
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La respuesta de las autoridades locales es, a todas luces, inútil. No hay ningún efecto sensible que apunte a una baja de la violencia en el estado.
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Parece que es tiempo de que, otra vez, las autoridades federales rescaten al Estado. Patrullajes de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina se extrañan. El gobierno estatal debería empezar a negociar con estas dependencias su regreso. La situación se está volviendo demasiado peligrosa para seguir en la inacción.
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Los priistas potosinos de la capital deberán aguantarse las ganas de ver a su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, pues ayer por la tarde se canceló su visita a esta ciudad. Su presencia en Valles y Rioverde sigue en pie.
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Oficialmente, la razón fue que su vuelo de regreso a la Ciudad de México era incompatible con el evento previsto aquí. Pero se hablaba de que el alicaido priismo de San Luis Potosí no podía asegurarle una audiencia digna de un mitin de campaña presidencial.
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Así que hasta junio, probablemente, se concrete la visita de Meade. Quizá ya cuando la contienda esté decidida. Más de lo que está ahora.
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¡HASTA MAÑANA!
Urge un rescate federal
Los reclamos de los comerciantes establecidos a la alcaldía por la flexibilidad de trato al ambulantaje y los señalamientos de empleados de una empresa gasera contra las restricciones que impone el ayuntamiento de la capital a las labores de la compañía dibujan una versión local del pleito de AMLO con la clase empresarial.
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Con sus muy particulares características, el caso potosino replica el escenario de un político que no puede mantener una buena relación con la iniciativa privada.
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En efecto, son varios los desencuentros que ha tenido el alcalde Ricardo Gallardo Juárez con los hombres y mujeres del sector productivo. Con constructores, se peleó por las licitaciones a modo; con comerciantes, el rigor de las inspecciones y la manga ancha con el ambulantaje han dicho los motivos de las fricciones. Con vivienderos, las historias escabrosas de permisos a fraccionamientos detenidos no son raras.
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La actitud retadora del alcalde y su ayuntamiento está inscrita en la cruzada de clase que ha sido la bandera de su forma de gobernar. El pueblo pobre tiene, por fin, a una autoridad a su lado, que lo defiende del expolio.
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Desde luego, es demagogia, pero ha servido para sacar rentabilidad política al gallardismo. El problema es que esa actitud no es sana y, con el tiempo, demostrará sus nocivos efectos.
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Debería ser motivo de una alarma institucional el hecho de que la escalada delictiva parezca no tener fin. Los días con al menos una muerte atribuible a un hecho violento se encadenan al grado que pronto, la nota la dará el día en que no haya un ejecutado.
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La respuesta de las autoridades locales es, a todas luces, inútil. No hay ningún efecto sensible que apunte a una baja de la violencia en el estado.
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Parece que es tiempo de que, otra vez, las autoridades federales rescaten al Estado. Patrullajes de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina se extrañan. El gobierno estatal debería empezar a negociar con estas dependencias su regreso. La situación se está volviendo demasiado peligrosa para seguir en la inacción.
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Los priistas potosinos de la capital deberán aguantarse las ganas de ver a su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, pues ayer por la tarde se canceló su visita a esta ciudad. Su presencia en Valles y Rioverde sigue en pie.
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Oficialmente, la razón fue que su vuelo de regreso a la Ciudad de México era incompatible con el evento previsto aquí. Pero se hablaba de que el alicaido priismo de San Luis Potosí no podía asegurarle una audiencia digna de un mitin de campaña presidencial.
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Así que hasta junio, probablemente, se concrete la visita de Meade. Quizá ya cuando la contienda esté decidida. Más de lo que está ahora.
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¡HASTA MAÑANA!
