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Altos sueldos, a examen Trato institucional
El asunto de los desorbitados sueldos que se dan en las cúpulas de los espacios de educación superior manejados por el gobierno estatal hace surgir, desde el ámbito empresarial, una propuesta interesante.
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En la Canacintra parecen no querer meterse demasiado en si son merecidos o no los millonarios salarios que gozan los titulares de universidades, sistemas educativos e institutos tecnológicos, pero señalan la conveniencia de que, para justificarlos, además del desempeño, los beneficiarios se sometieran a una evaluación para determinar si el pago devengado corresponde a la actividad y a los resultados esperados.
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Desde luego, que la aplicabilidad de esa idea en el entorno actual es inviable, pues requeriría un entramado normativo que no existe ahora.
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Pero el concepto, no se puede negar, es atractivo. Será interesante saber la reacción de los receptores de estos sueldos.
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Por otro lado, con respecto al excesivo peso de la nómina gubernamental en el estado, la atención se carga, y de manera enteramente justificada, en los onerosos sueldos de la alta burocracia, pero no debe dejarse de lado que los sindicatos de la burocracia de no tan alto nivel también se llevan lo suyo.
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¿En este afán de revisión de la nómina gubernamental habrá voluntad para ponerle atención a los salarios y prestaciones de la burocracia sindicalizada?
No es un tema fácil. Si a algo le huye cualquier autoridad es al conflicto con su burocracia. Pero alguien debería calcular el costo de prestaciones, bonos, apoyos y otros beneficios otorgados a los sindicatos y evaluar la conveniencia de mantenerlos y la viabilidad de una modificación.
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¿Habría voluntad de afrontar semejante reto?
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Y mientras que en la administración municipal saliente le cierra la puerta en las narices a todo lo que tenga el mínimo rastro del nuevo gobierno capitalino, en Palacio de Gobierno reciben a los seis alcaldes electos de los municipios integrados a la Alerta de Género.
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El hecho evidencia que, por más que pesen las diferencias políticas o el agravio por la derrota, hay un concepto que debería primar en las relaciones entre entes gubernamentales: la institucionalidad.
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Habrá que ver si en la recta final del trienio, en el gobierno gallardista comprendan que es mejor abrir puertas que cerrarlas. A menos, claro, que el objetivo sea, precisamente, endurecer la cerrazón buscando esconder algo.
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¡HASTA MAÑANA!
El asunto de los desorbitados sueldos que se dan en las cúpulas de los espacios de educación superior manejados por el gobierno estatal hace surgir, desde el ámbito empresarial, una propuesta interesante.
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En la Canacintra parecen no querer meterse demasiado en si son merecidos o no los millonarios salarios que gozan los titulares de universidades, sistemas educativos e institutos tecnológicos, pero señalan la conveniencia de que, para justificarlos, además del desempeño, los beneficiarios se sometieran a una evaluación para determinar si el pago devengado corresponde a la actividad y a los resultados esperados.
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Desde luego, que la aplicabilidad de esa idea en el entorno actual es inviable, pues requeriría un entramado normativo que no existe ahora.
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Pero el concepto, no se puede negar, es atractivo. Será interesante saber la reacción de los receptores de estos sueldos.
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Por otro lado, con respecto al excesivo peso de la nómina gubernamental en el estado, la atención se carga, y de manera enteramente justificada, en los onerosos sueldos de la alta burocracia, pero no debe dejarse de lado que los sindicatos de la burocracia de no tan alto nivel también se llevan lo suyo.
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¿En este afán de revisión de la nómina gubernamental habrá voluntad para ponerle atención a los salarios y prestaciones de la burocracia sindicalizada?
No es un tema fácil. Si a algo le huye cualquier autoridad es al conflicto con su burocracia. Pero alguien debería calcular el costo de prestaciones, bonos, apoyos y otros beneficios otorgados a los sindicatos y evaluar la conveniencia de mantenerlos y la viabilidad de una modificación.
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¿Habría voluntad de afrontar semejante reto?
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Y mientras que en la administración municipal saliente le cierra la puerta en las narices a todo lo que tenga el mínimo rastro del nuevo gobierno capitalino, en Palacio de Gobierno reciben a los seis alcaldes electos de los municipios integrados a la Alerta de Género.
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El hecho evidencia que, por más que pesen las diferencias políticas o el agravio por la derrota, hay un concepto que debería primar en las relaciones entre entes gubernamentales: la institucionalidad.
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Habrá que ver si en la recta final del trienio, en el gobierno gallardista comprendan que es mejor abrir puertas que cerrarlas. A menos, claro, que el objetivo sea, precisamente, endurecer la cerrazón buscando esconder algo.
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¡HASTA MAÑANA!
