A-AA+
Foto: Archivo
La CEDH detectó que a tres personas indígenas presas en la Región de la Huasteca, durante su proceso penal no se les garantizó el derecho a un traductor o intérprete, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En entrevista, notificó que las quejas de oficio abiertas por la institución datan de 2014, 2015 y 2016, relacionadas con personas que fueron sentenciadas por los ilícitos de violación y homicidio.
Señaló que la CEDH revisará las entonces llamadas averiguaciones previas y de acreditarse la omisión, se buscarán los instrumentos jurídicos para que la causa sea revisada a nivel judicial.
Detalló que el programa de la tercera visitaduría del organismo autónomo local, realiza en los penales de Tancanhuitz y Tamazunchale verificación de los expedientes de personas indígenas, que aunque ya estén sentenciadas, se haya detectado que durante su proceso no se le facilitó un traductor o un intérprete.
El ombudsman local explicó que los ciudadanos indígenas tienen derecho a tener un traductor o un intérprete, para que puedan enfrentar una causa penal imputada por la parte denunciante, en igualdad de condiciones.
“Hemos detectado cuando menos tres casos, que se están documentando y que en su oportunidad, lo tendremos que hacer valer a través de una recomendación de personas privadas de su libertad”, comentó.
La CEDH detectó que a tres personas indígenas presas en la Región de la Huasteca, durante su proceso penal no se les garantizó el derecho a un traductor o intérprete, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En entrevista, notificó que las quejas de oficio abiertas por la institución datan de 2014, 2015 y 2016, relacionadas con personas que fueron sentenciadas por los ilícitos de violación y homicidio.
Señaló que la CEDH revisará las entonces llamadas averiguaciones previas y de acreditarse la omisión, se buscarán los instrumentos jurídicos para que la causa sea revisada a nivel judicial.
Detalló que el programa de la tercera visitaduría del organismo autónomo local, realiza en los penales de Tancanhuitz y Tamazunchale verificación de los expedientes de personas indígenas, que aunque ya estén sentenciadas, se haya detectado que durante su proceso no se le facilitó un traductor o un intérprete.
El ombudsman local explicó que los ciudadanos indígenas tienen derecho a tener un traductor o un intérprete, para que puedan enfrentar una causa penal imputada por la parte denunciante, en igualdad de condiciones.
“Hemos detectado cuando menos tres casos, que se están documentando y que en su oportunidad, lo tendremos que hacer valer a través de una recomendación de personas privadas de su libertad”, comentó.
