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Hasta septiembre, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), San Luis ya estaba entre las nueve entidades con mayor número de carpetas de investigación por feminicidio. En ese entonces, eran 19 los casos.
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En sólo dos, la cifra ya subió a 25 el número de feminicidios y son 51 las mujeres asesinadas.
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A este avance, las autoridades responden, en la mayor parte de los casos, con cifras, palabras y discursos de que se cumplen los protocolos establecidos, paradójicamente, para prevenirlos.
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La justicia llega en pocos casos. Uno de ellos es el de la joven dentista asesinada. Hay que reconocer que los responsables de este feminicidio fueron puestos ante los jueces merced a una investigación de buena factura.
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Pero ésta resulta ser la excepción en medio de un esquema de mayoritaria impunidad y casi nula prevención.
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Hasta que estos resultados positivos dejen de ser esporádicos, las mujeres de la entidad pueden sentirse seguras.
El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez aprendió por la mala que retener impuestos y otras contribuciones sin enterarlos a las autoridades fiscalizadoras genera consecuencias.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le perdonó casi ocho millones de pesos que evadió entregar en 2016, con un recorte a las participaciones federales por una cantidad equivalente.
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El documento de la Auditoría Superior de la Federación no informa si, además de la retención de esa cantidad, hay alguna otra sanción, que seguramente se aplicaría a un particular que incurriera en una omisión similar.
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Sin embargo, el gobierno de Gilberto Hernández Villafuerte no es el único que ha incumplido las disposiciones fiscales.
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Prácticamente, evadir entregar las retenciones a distintas autoridades es una práctica extendida en todos los niveles de gobierno.
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El gobierno estatal está tramitando una forma de pagar mil 200 millones al ISSSTE en retenciones no entregadas realizadas durante la pasada administración.
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En la alcaldía de Ricardo Gallardo, hay verdaderas historias de terror de los trabajadores a los que se descontaban retenciones fiscales, pagos del Infonavit y hasta abonos a casas comerciales, que nunca llegaron a su destino final, poniendo en riesgo la seguridad y el patrimonio de los contribuyentes.
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O si no evaden, hay autoridades que buscan un injusto pago de sus obligaciones a través del erario, como el Poder Judicial o los diputados locales, que tramitan cubrir esas obligaciones personalísimas con recursos de todos.
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En suma, que parece que las autoridades y el pago de impuestos no se llevan bien.
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¡HASTA MAÑANA!
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En sólo dos, la cifra ya subió a 25 el número de feminicidios y son 51 las mujeres asesinadas.
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A este avance, las autoridades responden, en la mayor parte de los casos, con cifras, palabras y discursos de que se cumplen los protocolos establecidos, paradójicamente, para prevenirlos.
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La justicia llega en pocos casos. Uno de ellos es el de la joven dentista asesinada. Hay que reconocer que los responsables de este feminicidio fueron puestos ante los jueces merced a una investigación de buena factura.
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Pero ésta resulta ser la excepción en medio de un esquema de mayoritaria impunidad y casi nula prevención.
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Hasta que estos resultados positivos dejen de ser esporádicos, las mujeres de la entidad pueden sentirse seguras.
El ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez aprendió por la mala que retener impuestos y otras contribuciones sin enterarlos a las autoridades fiscalizadoras genera consecuencias.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le perdonó casi ocho millones de pesos que evadió entregar en 2016, con un recorte a las participaciones federales por una cantidad equivalente.
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El documento de la Auditoría Superior de la Federación no informa si, además de la retención de esa cantidad, hay alguna otra sanción, que seguramente se aplicaría a un particular que incurriera en una omisión similar.
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Sin embargo, el gobierno de Gilberto Hernández Villafuerte no es el único que ha incumplido las disposiciones fiscales.
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Prácticamente, evadir entregar las retenciones a distintas autoridades es una práctica extendida en todos los niveles de gobierno.
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El gobierno estatal está tramitando una forma de pagar mil 200 millones al ISSSTE en retenciones no entregadas realizadas durante la pasada administración.
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En la alcaldía de Ricardo Gallardo, hay verdaderas historias de terror de los trabajadores a los que se descontaban retenciones fiscales, pagos del Infonavit y hasta abonos a casas comerciales, que nunca llegaron a su destino final, poniendo en riesgo la seguridad y el patrimonio de los contribuyentes.
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O si no evaden, hay autoridades que buscan un injusto pago de sus obligaciones a través del erario, como el Poder Judicial o los diputados locales, que tramitan cubrir esas obligaciones personalísimas con recursos de todos.
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En suma, que parece que las autoridades y el pago de impuestos no se llevan bien.
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¡HASTA MAÑANA!
