Diputados se previenen de otra pifia

A pesar de que San Luis Potosí se encuentra entre los cinco estados donde se han documentado más casos de violencia vicaria, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado retrasó el dictamen de las iniciativas que proponían tipificar este tipo de violencia de género en el Código Penal del Estado y reconocerla en el Código Familiar. 

Se volverá a considerar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si esta reforma, la cual ha sido aprobada a nivel nacional, podría ser inconstitucional.

Las iniciativas fueron presentadas en mayo y octubre del año pasado por la ciudadana Isabel María Lastras Martínez, derivada de su participación en el Tercer Parlamento de Mujeres del Estado, y por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, con el apoyo del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.

La propuesta era reconocer la violencia vicaria como las acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por persona que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o, de hecho, ejerciendo la violencia en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre. 

Se sancionaría aumentando en una tercera parte la pena por violencia familiar, siendo esta de uno a seis años de prisión.

La propuesta ya había obtenido una opinión técnica favorable por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a cargo de la Magistrada María Manuela García Cázares y fue turnada a la Comisión de Justicia.

En esta comisión, la diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón mencionó que la SCJN dio a conocer que resolverán diversas acciones de inconstitucionalidad sobre la validez de la definición de la violencia vicaria y sus consecuencias jurídicas, tras haber sido aprobada en diversos estados y también a nivel nacional.