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El principio básico de todo presupuesto es el equilibrio: que todo lo que se ingrese, se gaste, sin que sobre o falte.
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Cada año el Congreso, y en general, todas las dependencias públicas, elaboran, en teoría, un presupuesto de esa naturaleza, con variaciones ocasionales, en forma de una represupuestación, casi siempre, al alza.
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La práctica, sin embargo, es otra cosa. Un vistazo sobre cómo el Poder Legislativo gasta sus recursos muestra claramente que los diputados disponen de más dinero del que necesitan.
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Hasta octubre de este año, el Congreso ha recibido 242.5 millones de pesos, pero se las ha arreglado para funcionar, incluso con una cuantiosa cuota de liquidaciones en septiembre, con 209.8 millones de pesos.
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Así ha sido mes con mes en los primeros diez meses del año. La sobrepresupuestación mensual en el Congreso fluctúa entre los tres y los doce millones de pesos.
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¿Por qué entonces asegurar desde el principio del año una suma superior a la que se necesita? La respuesta es discrecionalidad. Esta y otras legislaturas han mostrado que tienen entera libertad para decidir qué hacer con los millones sobrantes.
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La LXI Legislatura lo hizo en diciembre pasado, destinando el excedente a la infame partida de Gestoría Institucional, para que al final, fuera desviado en una maraña de beneficiarios inexistentes y empresas fantasma.
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La actual, opta por un nuevo inmueble. El asunto es acabarse el presupuesto. Todo.
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En materia de seguridad pública, el país tiene una gran deuda con soldados y marinos. Es indudable que sin su participación en el combate a la delincuencia, México estaría peor de lo que está.
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Pero también, en sentido contrario, ambas organizaciones castrenses también tienen una deuda de sangre con los ciudadanos de este país.
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Los abusos contra la población, aunque no generalizados, son lo suficientemente impactantes como para prender las alarmas.
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San Luis Potosí no es la excepción con los abusos de militares y marinos contra la población civil. Aunque pocos, los casos destacan por la crueldad y violencia infligida en contra de las víctimas, sobre todo contra las mujeres.
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El hecho también anticipa los problemas venideros con la política de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no tuvo más remedio que rendirse ante la realidad: no se puede sacar a los militares de las calles.
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El remedio de las autoridades con las corporaciones es un desafío inmenso, pero tampoco es menor el problema de los militares y marinos, que han demostrado no tener todas las habilidades para lidiar con los civiles.
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¡HASTA MAÑANA!
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Cada año el Congreso, y en general, todas las dependencias públicas, elaboran, en teoría, un presupuesto de esa naturaleza, con variaciones ocasionales, en forma de una represupuestación, casi siempre, al alza.
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La práctica, sin embargo, es otra cosa. Un vistazo sobre cómo el Poder Legislativo gasta sus recursos muestra claramente que los diputados disponen de más dinero del que necesitan.
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Hasta octubre de este año, el Congreso ha recibido 242.5 millones de pesos, pero se las ha arreglado para funcionar, incluso con una cuantiosa cuota de liquidaciones en septiembre, con 209.8 millones de pesos.
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Así ha sido mes con mes en los primeros diez meses del año. La sobrepresupuestación mensual en el Congreso fluctúa entre los tres y los doce millones de pesos.
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¿Por qué entonces asegurar desde el principio del año una suma superior a la que se necesita? La respuesta es discrecionalidad. Esta y otras legislaturas han mostrado que tienen entera libertad para decidir qué hacer con los millones sobrantes.
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La LXI Legislatura lo hizo en diciembre pasado, destinando el excedente a la infame partida de Gestoría Institucional, para que al final, fuera desviado en una maraña de beneficiarios inexistentes y empresas fantasma.
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La actual, opta por un nuevo inmueble. El asunto es acabarse el presupuesto. Todo.
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En materia de seguridad pública, el país tiene una gran deuda con soldados y marinos. Es indudable que sin su participación en el combate a la delincuencia, México estaría peor de lo que está.
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Pero también, en sentido contrario, ambas organizaciones castrenses también tienen una deuda de sangre con los ciudadanos de este país.
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Los abusos contra la población, aunque no generalizados, son lo suficientemente impactantes como para prender las alarmas.
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San Luis Potosí no es la excepción con los abusos de militares y marinos contra la población civil. Aunque pocos, los casos destacan por la crueldad y violencia infligida en contra de las víctimas, sobre todo contra las mujeres.
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El hecho también anticipa los problemas venideros con la política de seguridad pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no tuvo más remedio que rendirse ante la realidad: no se puede sacar a los militares de las calles.
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El remedio de las autoridades con las corporaciones es un desafío inmenso, pero tampoco es menor el problema de los militares y marinos, que han demostrado no tener todas las habilidades para lidiar con los civiles.
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¡HASTA MAÑANA!
