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Preocupaciones internacionales por reforma judicial en México
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Unos 2.000 manifestantes, entre trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México, en paro de labores, protestaron este lunes contra la reforma del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces por voto popular, en una movilización en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México.
La manifestación ocurrió por la tarde-noche de este lunes luego de que dicha reforma fue aprobada en lo general y en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
"¡Justicia independiente, derecho de la gente!", gritaban los trabajadores judiciales de todo el país que manifestaron su rechazo a la polémica reforma de la que los congresistas mexicanas discutirán 330 reservas al dictamen aprobado.
"¡Defendemos la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, decimos NO a la reforma y a la elección de jueces por voto popular!", apuntaron en pancartas.
Este lunes, la reforma del presidente López Obrador dio el primer paso tras ser aprobada en lo general y en lo particular por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Con 22 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 17 en contra de la oposición, la polémica reforma perfila comicios judiciales y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen, que incluye 100 modificaciones propuestas por Morena, plantea dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025.
La iniciativa, propuesta en un paquete de reformas en febrero pasado por López Obrador, busca, entre otras cosas, reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del 2 de junio.
La polémica reforma al Poder Judicial en México ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.
Apenas este lunes, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió en la preocupación por las "amplias" implicaciones para la independencia judicial en todo México.
Asimismo, Estados Unidos y Canadá han advertido de las preocupaciones de los inversionistas por esta y otras reformas del Gobierno, como la eliminación de órganos reguladores autónomos.
Además, calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, en particular la del Poder Judicial. EFE
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