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Empresas podrían ser acusadas si cometen delitos

Por María Elena Cruz

Enero 17, 2024 03:00 a.m.

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La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó una iniciativa ciudadana que propone la posibilidad de sancionar jurídicamente a personas morales, ahora el dictamen deberá ser votado en el pleno.

La iniciativa fue presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, con el objetivo de homologar las disposiciones que ya están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales desde 2014, donde se reconoce la posibilidad de que una persona moral, como una empresa, pudiera cometer un delito.

Es así que se estableció la imputabilidad de las personas morales de la misma manera que ya se hace con las personas físicas.

La reforma plantea adicionar un nuevo capítulo al Código Penal del Estado denominado “Responsabilidad de las Personas Jurídicas” para precisar las consecuencias jurídicas de las personas morales.

“Esta iniciativa tiene la finalidad de generar las responsabilidades a las personas morales, y que no queden nada más en el aire, sino que ya también se les establezcan ciertas responsabilidades, ciertos procedimientos y el día de hoy se aprueba esta iniciativa que fue votada a favor, solo esperar a que pase el procedimiento del pleno para que efectivamente salga publicada y que siga el procedimiento legislativo”, comentó la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia.

Se buscaría establecer un catálogo de consecuencias jurídicas para estos sujetos, que pueden ser la clausura de sus locales o establecimientos; la suspensión de actividad durante el tiempo que determine la autoridad judicial, la cual no podrá exceder de dos años; la disolución y liquidación, además de la imposibilidad de constituir una nueva sociedad con el mismo objeto social e integrantes.

También se podría prohibir realizar determinados negocios; inhabilitación temporal; la sustitución de los administradores por uno designado por la autoridad judicial, durante un periodo máximo de tres años; y la intervención en la administración y caja, hasta por tres años.