En Foro de Reconciliación, víctima plantea pena de muerte y castración química a violadores

En Foro de Reconciliación, víctima plantea pena de muerte y castración química a violadores

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Foto: Pulso

Revictimización, omisión en la impartición de seguridad pública, apatía gubernamental en la procuración de justicia, "simulación" en la Alerta de Violencia de Género (AVG) y agresiones en contra de las mujeres, fueron algunos de los señalamientos de víctimas de delitos durante el Foro Ciudadano por la Reconciliación y la Noviolencia San Luis Potosí-Zacatecas, que se realizó este día en el Colegio de San Luis (Colsan),

En su intervención, Sonia Deotto, leyó el mensaje de OraWorldMandala, Programa de Extensión en México de la Universidad Gujarat Vidyapith, en donde se estableció que la reconciliación no es entre víctimas y criminales, sino un proceso reconciliatorio entre todos los integrantes de la sociedad afectados por la violencia y el crimen organizado.

Pidió que ojalá todos los testimonios recabados en San Luis Potosí y el país, sirvan para hacer justicia, promover la noviolencia y sobre todo, lograr la pacificación en todo el territorio nacional.

Gloria Serrato Sánchez, vicepresidenta de la Nueva Luna A.C., refirió la falta de atención de las mujeres presas. Citó el caso documentado por la CEDH en la Recomendación 22/2015, cuya mujer se suicidó dentro del penal de la Pila, debido a la falta de atención en el padecimiento psiquiátrico que sufría.

Después Oresta López Pérez, investigadora de el Colsan e integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, criticó que los municipios con dicha declaratoria desconocen las implicaciones del protocolo, existe carencia de datos fehacientes y falta de justicia en femicidios, suscitados hace ocho años.

A su vez, Margarita Ortiz, víctima de violación al interior de un autobús en junio de 2016, cuando se dirigía del Estado de México a la capital potosina, planteó que ante la ineficacia de las autoridades es tiempo de promover acciones como la pena de muerte y la castración química en el delito de violación.

Relató el sufrimiento que ha padecido durante más de dos años, pues en ese tiempo ha tenido que pasar por revictimización, falta de preparación de los médicos legistas y falta de sensibilidad de los jueces.

Posteriormente, Guadalupe Mendiola Acosta, vicepresidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., señaló que las instituciones como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) carece de suficiencia de asesores jurídicos victimales.

"Estamos buscando  a nuestros familiares en pedazos (...) Ni perdón ni olvido", sentenció después de plantear la creación de una base de datos, para la toma de muestras que puedan cotejarse con los restos existentes en fosas clandestinas.

Asimismo, a nombre de María Delia Martínez Martínez, presidenta de Fundación Jair A.C., una integrante de la Organización no gubernamental (ONG), relató que el hijo de la activista falleció de un balazo en la cabeza, cuando se efectuaba una celebración en la localidad de Laguna de San Vicente en el municipio de Villa de Reyes.

Comunicó que en la Recomendación 02/2017 de la CEDH, se acreditaron omisiones en la falta de vigilancia y seguridad, así como acciones en la prevención del delito.

Carmen Almanza Baruch, madre de uno de los cuatro jóvenes -que colaboraron en la campaña del entonces candidato priista Fernando Toranzo Fernández-desaparecidos en octubre de 2009, admitió que tal vez su vástago ya no se encuentre con vida, pero aún sigue buscándolo a él y los otros muchachos.

Aparte, Enrique Rivera Sierra, del Kolectivo Azul, detalló las agresiones sufridas por parte de las activistas y opositores al proyecto minero en el municipio de Cerro de San Pedro, destacando la inacción de las autoridades para intervenir en favor de los ciudadanos.

En las conclusiones, Félix Hernández Gamudi, integrante del Comité 68, señaló que es necesario sea un nuevo modelo de justicia, donde ya no exista revictimización

Enfatizó que también es urgente un esquema penitenciario en la República Mexicana, y reformas en el Poder Judicial que favorezcan y garanticen el derecho a la justicia.

Lamentó que las calles y los espacios públicos se han perdido, por lo cual llamó a las ONG's a unificarse con la nueva administración federal, en aras de lograr el "rescate" del estado mexicano.

Por su parte, Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no habrá "simulación" en los procesos de justicia, derecho a la verdad, a la justicia y no repetición de los hechos.

Sentenció que la administración entrante recibe un país en "ruinas", convertido en una "enorme fosa clandestina" donde permea la corrupción en sus diferentes niveles gubernamentales.