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No se puede decir que no se hayan hecho anuncios y acciones contra el feminicidio en San Luis Potosí. Hasta la alerta de género en varios municipios se ha adoptado y el discurso oficial no deja de enfatizar las medidas adoptadas para evitar la violencia de género y su expresión más extrema, el feminicidio.
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Los números sin embargo, no permiten otra conclusión más que el resultado ha sido un fracaso: 2018, a dos meses de terminar 2018 ya era peor que el año pasado.
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Las autoridades de los tres niveles involucradas en el combate a este problema deben hacer un serio ejercicio de autocrítica para definir qué es lo que está fallando y no tentarse el corazón para cambiarlo, sean estrategias, acciones o personas.
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El resultado de tardarse más en tomar estas decisiones costará la vida de más mujeres en la entidad.
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El salvajismo con el que inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) actuaron en contra de un conductor al que confundieron con un trabajador de Uber muestra un grave problema de la dependencia estatal, cuya manifestación más grave es esa violencia, pero que tiene un mayor fondo.
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Aunque fue acertada y rápida la medida de darlos de baja de la secretaría, bien haría la dependencia y su director analizar por qué este y otros casos se han registrado en los últimos meses.
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Es tanto el afán de cazar conductores afiliados a la plataforma Uber que han caído en errores al emprenderla contra civiles. También debe analizarse cuáles son los márgenes de acción de los inspectores.
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¿Puede un funcionario que inicialmente se pensaría sería del orden administrativo usar la fuerza contra los ciudadanos? ¿No es esa una labor de las corporaciones policiacas? ¿Cuál es el protocolo para diferenciar unidades de Uber y otras totalmente ajenas a ese sistema? Las violentas confusiones de las que se tienen memoria indican que algo está fallando.
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Pero el fondo del asunto parece ser el afán de la SCT de ofrecer soluciones exclusivamente a permisionarios o concesionarios de los servicios de transporte urbano, dejando en un segundo plano a los usuarios.
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Pasa con el tema de Uber, en el que el beneficiado con la persecución es el gremio taxista, o en el de las tarjetas de prepago, en las que el usuario que inicialmente adquirió la de la empresa que inició el sistema, ahora no lo puede usar en todas las líneas ante el choque de las dos compañías.
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En suma, la SCT parece más empeñada en garantizar las condiciones a las empresas, más que pensar en obtener el mejor servicio para el usuario.
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¡HASTA MAÑANA!
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Los números sin embargo, no permiten otra conclusión más que el resultado ha sido un fracaso: 2018, a dos meses de terminar 2018 ya era peor que el año pasado.
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Las autoridades de los tres niveles involucradas en el combate a este problema deben hacer un serio ejercicio de autocrítica para definir qué es lo que está fallando y no tentarse el corazón para cambiarlo, sean estrategias, acciones o personas.
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El resultado de tardarse más en tomar estas decisiones costará la vida de más mujeres en la entidad.
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El salvajismo con el que inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) actuaron en contra de un conductor al que confundieron con un trabajador de Uber muestra un grave problema de la dependencia estatal, cuya manifestación más grave es esa violencia, pero que tiene un mayor fondo.
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Aunque fue acertada y rápida la medida de darlos de baja de la secretaría, bien haría la dependencia y su director analizar por qué este y otros casos se han registrado en los últimos meses.
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Es tanto el afán de cazar conductores afiliados a la plataforma Uber que han caído en errores al emprenderla contra civiles. También debe analizarse cuáles son los márgenes de acción de los inspectores.
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¿Puede un funcionario que inicialmente se pensaría sería del orden administrativo usar la fuerza contra los ciudadanos? ¿No es esa una labor de las corporaciones policiacas? ¿Cuál es el protocolo para diferenciar unidades de Uber y otras totalmente ajenas a ese sistema? Las violentas confusiones de las que se tienen memoria indican que algo está fallando.
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Pero el fondo del asunto parece ser el afán de la SCT de ofrecer soluciones exclusivamente a permisionarios o concesionarios de los servicios de transporte urbano, dejando en un segundo plano a los usuarios.
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Pasa con el tema de Uber, en el que el beneficiado con la persecución es el gremio taxista, o en el de las tarjetas de prepago, en las que el usuario que inicialmente adquirió la de la empresa que inició el sistema, ahora no lo puede usar en todas las líneas ante el choque de las dos compañías.
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En suma, la SCT parece más empeñada en garantizar las condiciones a las empresas, más que pensar en obtener el mejor servicio para el usuario.
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¡HASTA MAÑANA!
