Gobierno debe autorizar uso de explosivos

Un acuerdo administrativo le da a la Secretaría General de Gobierno la facultad de emitir una opinión favorable o desaprobar las solicitudes de permiso de uso de material pirotécnico, como el que se usó de manera irregular en la explosión registrada la semana pasada en un predio aledaño al Hospital Lomas.

El acuerdo vigente desde 2016 fue actualizado el pasado 16 de agosto, cuando el Periódico Oficial del Estado publicó otro instrumento que delega a la Dirección de Gobernación, órgano de la misma dependencia, la misma facultad, a la que se le amplió la capacidad de aprobar o negar la autorización de fabricación o uso de materiales para pirotecnia, también de sustancias peligrosas, como gas, explosivos, municiones y sustancias químicas. 

Aunque el nuevo acuerdo data de julio de este año, aún no estaba vigente el 14 de agosto, cuando una explosión de material usado para pirotecnia se registró en un predio de El Pedregal, aledaño al hospital.

El accidente dejó heridos a dos trabajadores de la empresa zacatecana que lo produce y que estaban tratando de romper bancos de roca del predio. 

El permiso de uso de explosivos fue autorizado por la Sedena, lo que fue considerado irregular por la XII Zona Militar asentada aquí, además, la alcaldía dijo desconocer el permiso, pese que su Unidad de Protección Civil fue involucrada por las autoridades militares zacatecanas.  

Sin embargo, al ser un generador de humo para pirotecnia, la sustancia involucrada en el accidente, cae en la esfera del acuerdo anterior, recién eliminado. 

El anterior convenio delegaba en la SGG la atribución del gobernador de aprobar o no las solicitudes de uso de material para pirotecnia.  

La renovada normatividad dejaba en la Dirección de Gobernación esa facultad, a la que se le agregaban otras sustancias peligrosas de las que el gobierno estatal debería dar una opinión favorable, o no, para su uso en la entidad.

Se trata de un requisito establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que obliga a la Sedena a solicitar la opinión de las autoridades locales.