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Las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados (Federal) a la Ley General de Salud para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, podría afectar a más de 60 millones de personas en el país, es decir los grupos más vulnerables sufrirán las consecuencias de esa reforma
La diputada Sonia Mendoza Díaz, explicó que con esta reforma se eliminan sistemas legales, financieros y organizacionales que fortalecían el derecho humano a la salud, siendo una acción que se aleja completamente del Plan Nacional de Desarrollo.
Destacó que el Gobierno Federal no podrá garantizar un sistema que protegía a más del 52% de la población que se encuentra en situación de pobreza, por lo que los servicios de salud quedarán en un estado de vulnerabilidad.
La legisladora, consideró necesario recordar que gobiernos anteriores comenzaron la descentralización de los servicios de salud, y posteriormente se trabajó para garantizar la seguridad social y poder realizar una correcta asignación de recursos presupuestales para crear el Sistema Nacional de Protección a la Salud.
“El Poder Ejecutivo Federal se encuentra alejado de la realidad de millones de mexicanos que padecen de servicios de salud, pues no se está garantizando la atención a la salud que es uno de los principales derechos de la población”, finalizó.








