Imposible pagar bono a sindicato sin la orden de un tribunal: Rector

No hay elementos que justifiquen que se puede pagar el bono de tres días que reclama el Sindicato Administrativo, a menos que así lo determine un tribunal, pues no se no se puede disponer libremente del dinero público si no está autorizado por la Secretaría de Educación Pública, porque de lo contrario se generarían observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y derivaría en responsabilidades administrativas, advirtió el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Recordó que el bono fue otorgado al final de la rectoría de Manuel Fermín Villar Rubio por única ocasión, pero el sindicato argumenta que se les tiene que pagar de manera permanente.

Recordó que ese recurso y según el análisis jurídico preliminar, no está contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo, entonces dispersar el recurso que reclama el sindicato sería ilegal, y en automático sería observado por los auditores y obligaría al rector de manera personal a reponer el recurso, a lo cual dijo no estar dispuesto.

"Lo que nos queda es que el Poder Judicial por medio de los tribunales diluciden si efectivamente ese bono se tiene que seguir pagando o fue por una única ocasión".

Advirtió que si autoriza el pago y la Auditoría Superior de la Federación lo observa, tendría él que regresar el recurso de su patrimonio, "sinceramente creo que no se debe de jugar con un patrimonio hecho con mi vida de trabajo por una decisión que debe de tomar un juez y en el momento que el juez diga que tienen derecho a ese pago, entonces se realiza".

Indicó que, serían 7.5 millones de pesos que se les tendría que pagar a los trabajadores administrativos, por 3 años que no les han pagado esos tres días, por lo que han pedido a los inconformes que soliciten un procedimiento especial colectivo en el tribunal, para resolver sin huelgas y que el juez decidiera, pero con el fin de afectar a la Universidad hasta cambiaron el inicio de la huelga para el 11 de agosto, lo que perjudicaría el regreso a clases.

Explicó que el bono únicamente fue otorgado al salir el anterior rector y debido a que se trataba de una disposición autorizada en marzo de 2020 y a la que obligaba a la nueva Rectoría, se cumplió con el pago, pero el sindicato no solicitó los recursos de los siguientes años y por lo tanto no se puede dispersar porque no forma parte del contrato.

“Disponer de ese dinero para poderlo otorgar al sindicato necesitaría de una autorización de la Secretaría de Educación Pública, pero en las condiciones de la Auditoría Superior Federación, se me dice eso va a ser observado y ese dinero no se podría usar porque no estaba destinado”.

Añadió que incluso a principios de año, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Auditoría Superior del Estado consideraron inviable dicho pago, por lo que la única vía posible es la decisión de un tribunal.

En sesión de Consejo Directivo Universitario, se hizo la observación de que incluso la negociación contractual con el Sindicato Administrativo fue la que más tiempo se llevó en 2023, además de que el bono al que alude dicho sindicato ni siquiera tiene un nombre específico.

El director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán advirtió que una huelga sería ilegal, pues este año no correspondía negociación en cuanto a prestaciones, únicamente respecto a salario. (Con información de Martín Rodríguez y Ruth Salazar).