A-AA+
En caso de que el Congreso del Estado compruebe que el Coordinador Jurídico del Congreso del Estado, Roy González Padilla, tiene contrato con la alcaldesa de Tamuin, se procedería a destituirlo de su cargo como lo marca la Ley, declaró el presidente de la Jucopo, Edson Quintanar Sánchez.
El fin de semana se dio a conocer un supuesto contrato estipulado entre el ayuntamiento de Tamuín y el Jurídico del Poder Legislativo, para que éste brinde asesoría legal al municipio por los tres años de gestión de la actual administración, por honorarios que alcanzan los 20 mil pesos mensuales.
De acuerdo al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, en su artículo 191, fracción IV referente a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, establece que: “Al momento de su nombramiento no prestar sus servicios profesionales en la administración pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a excepción de las actividades de carácter docente; ni desempeñar actividades privadas que representen conflicto de intereses”.
Al respecto el presidente de la Jucopo señaló que de confirmarse el contrato con el municipio, “si no está por parte de la ley se procede al despido de la persona, indagaremos, haremos la investigación jurídica para verificar si son verídicos esos documentos”, finalizó el legislador local.
El fin de semana se dio a conocer un supuesto contrato estipulado entre el ayuntamiento de Tamuín y el Jurídico del Poder Legislativo, para que éste brinde asesoría legal al municipio por los tres años de gestión de la actual administración, por honorarios que alcanzan los 20 mil pesos mensuales.
De acuerdo al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, en su artículo 191, fracción IV referente a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, establece que: “Al momento de su nombramiento no prestar sus servicios profesionales en la administración pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a excepción de las actividades de carácter docente; ni desempeñar actividades privadas que representen conflicto de intereses”.
Al respecto el presidente de la Jucopo señaló que de confirmarse el contrato con el municipio, “si no está por parte de la ley se procede al despido de la persona, indagaremos, haremos la investigación jurídica para verificar si son verídicos esos documentos”, finalizó el legislador local.
