Infringe “Ley Estacionamientos” pacto internacional

Los funcionarios municipales que apliquen las disposiciones relacionadas con la gratuidad de los estacionamientos de centros comerciales estarían violando no solo preceptos constitucionales, sino también tratados internaciones firmados por México, lo que los haría objeto de sanciones, advierte un oficio enviado por asesores de una empresa afectada, en el que se recomienda que no se acaten la medida impugnada, ya que hay fundamentos legales para hacerlo.

El escrito, del que tiene copia este medio, fue entregado ayer al Ayuntamiento capitalino. Su fuente se identificó plenamente ante este medio, pero solicitó el anonimato para evitarse algún inconveniente futuro.

El oficio es una respuesta a una notificación municipal hecha el 21 de diciembre a la empresa involucrada sobre la entrada en vigor de la norma.

En respuesta, se le advierte a la alcaldía que el artículo 280 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, recientemente modificado por iniciativa de las bancadas del PT y el Verde y aprobada por el Pleno Legislativo, es no solo anticonstitucional, sino también anticonvencional, es decir, que va en contra de convenios, acuerdos y pactos internacionales firmados por México, como el pacto de San José, que entre otros derechos humanos, protege el de la propiedad privada, la garantía de un juicio justo y de protección judicial y las restricciones al goce y ejercicio de derechos y libertades reconocidas, entre ellas, al trabajo.

“Ante esta situación, resulta imperativo reevaluar la aplicación del artículo 280 de la LOTDUSLP para garantizar el pleno respeto a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, señala el oficio, que luego pide al ayuntamiento que aplique el control de convencionalidad exoficio, un mecanismo legal aplicable a toda autoridad para que, de motu propio, no aplique la disposición, puesto que implica el riesgo de romper los compromisos internacionales de México.

Adicionalmente, señala que la Ley General de Responsabilidades Administrativas   establece sanciones contra faltas como la actuación fuera del marco legal, abuso de autoridad y violación de derechos, que se configuran en una eventual aplicación de la norma impugnada.