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Se detectó que durante su proceso penal no se garantizó el derecho a un traductor o intérprete, a tres personas indígenas presas en la región de la Huasteca, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En entrevista, López Espinosa notificó que las quejas de oficio abiertas por la institución datan de 2014, 2015 y 2016, relacionadas con personas que fueron sentenciadas por los ilícitos de violación y homicidio.
Adujo que la CEDH revisará las investigaciones, entonces llamadas averiguaciones previas y de acreditarse la omisión, se buscarán los instrumentos jurídicos para que los procesos sean revisados a nivel judicial.
Detalló que el programa de la tercera Visitaduría del organismo autónomo local, realiza en los penales de Tancanhuitz y Tamazunchale verificación de los expedientes de personas indígenas, que aunque ya estén sentenciadas, se haya detectado que durante las indagatorias no se le facilitó un traductor o un intérprete.
El ombudsman local explicó que los ciudadanos indígenas tienen derecho a tener un traductor o un intérprete, para que puedan enfrentar la imputación penal por la parte denunciante, en igualdad de condiciones.
“Hemos detectado cuando menos tres casos, que se están documentando y que en su oportunidad, lo tendremos que hacer valer a través de una recomendación de personas privadas de su libertad”, concluyó.
En entrevista, López Espinosa notificó que las quejas de oficio abiertas por la institución datan de 2014, 2015 y 2016, relacionadas con personas que fueron sentenciadas por los ilícitos de violación y homicidio.
Adujo que la CEDH revisará las investigaciones, entonces llamadas averiguaciones previas y de acreditarse la omisión, se buscarán los instrumentos jurídicos para que los procesos sean revisados a nivel judicial.
Detalló que el programa de la tercera Visitaduría del organismo autónomo local, realiza en los penales de Tancanhuitz y Tamazunchale verificación de los expedientes de personas indígenas, que aunque ya estén sentenciadas, se haya detectado que durante las indagatorias no se le facilitó un traductor o un intérprete.
El ombudsman local explicó que los ciudadanos indígenas tienen derecho a tener un traductor o un intérprete, para que puedan enfrentar la imputación penal por la parte denunciante, en igualdad de condiciones.
“Hemos detectado cuando menos tres casos, que se están documentando y que en su oportunidad, lo tendremos que hacer valer a través de una recomendación de personas privadas de su libertad”, concluyó.
