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Desde el 24 de noviembre del año pasado, el ayuntamiento informó de la presentación de una denuncia en contra del alcalde anterior, Ricardo Gallardo Juárez, y Sandra Sánchez Ruiz, la escurridiza proveedora de medicamentos que recibió millones de pesos de aquel gobierno.
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Con ello, decía el comunicado sobre el asunto, el gobierno de Xavier Nava “encabezaba” la batalla contra la corrupción.
Han pasado dos meses, sin embargo, y la denuncia aún no puede ser formalizada por la ausencia de un dictamen de la Contraloría Interna de la alcaldía, que posibilite a la Sindicatura defender los derechos de la hacienda municipal.
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Es una falla muy grave de la dependencia que dirige José Mejía Lira, y que pone en entredicho el esfuerzo del gobierno navista de que se castiguen las corruptelas de la pasada administración.
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En octubre de 2018, cuando el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador vino a San Luis a agradecer el apoyo durante la elección de julio, le dio un espaldarazo a su superdelegado en la entidad, Gabino Morales Mendoza.
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Lo hizo luego de las protestas que un sector de la militancia morenista realizó en pleno mitin. Los inconformes se toparon con pared, pues López Obrador fue contundente en señalar que su delegado se quedaba, que había plena confianza en él y que había que dejarse de politiquerías.
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Pues bien, otra visita de López Obrador a San Luis, otro escándalo para Morales Mendoza. Con un timing sospechoso, surge una resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en la que suspende de sus derechos partidistas al funcionario pejista. Violencia de género en contra de una militante, conducta en la que ha sido reincidente, es la causa de la sanción.
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Resulta evidente que Morena en San Luis no necesita enemigos políticos externos, pues las propias tribus se pintan solas para luchar entre sí.
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Prueba de ello es el raspón que le propina el dirigente estatal morenista, Sergio Serrano al funcionario federal, revelado el fallo de la CNHJ.
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El fallo tiene sólo efectos partidistas, pues no afecta el cargo federal de Gabino Morales, pero queda claro que sigue causando resquemor en la militancia.
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La atención ahora estará en López Obrador, que seguramente tendrá una reacción durante su visita a Cedral. Independientemente de ésta, queda claro que los morenistas potosinos están en medio de una encarnizada pelea por el poder.
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Primero fueron sus empresas, ahora le tocó al ex diputado local José Luis Romero Calzada ampararse. El pasado viernes, el controvertido personaje presentó una petición de amparo, que quedó registrada como la 61/2019 ante el Juzgado Cuarto, ante el bloqueo de cuentas en Banorte y BanBajío, ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. El político conocido como “Tekmol” es blanco de esas medidas por su presunta participación en el robo de gasolina y el blanqueo de sus ganancias.
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Con ello, decía el comunicado sobre el asunto, el gobierno de Xavier Nava “encabezaba” la batalla contra la corrupción.
Han pasado dos meses, sin embargo, y la denuncia aún no puede ser formalizada por la ausencia de un dictamen de la Contraloría Interna de la alcaldía, que posibilite a la Sindicatura defender los derechos de la hacienda municipal.
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Es una falla muy grave de la dependencia que dirige José Mejía Lira, y que pone en entredicho el esfuerzo del gobierno navista de que se castiguen las corruptelas de la pasada administración.
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En octubre de 2018, cuando el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador vino a San Luis a agradecer el apoyo durante la elección de julio, le dio un espaldarazo a su superdelegado en la entidad, Gabino Morales Mendoza.
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Lo hizo luego de las protestas que un sector de la militancia morenista realizó en pleno mitin. Los inconformes se toparon con pared, pues López Obrador fue contundente en señalar que su delegado se quedaba, que había plena confianza en él y que había que dejarse de politiquerías.
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Pues bien, otra visita de López Obrador a San Luis, otro escándalo para Morales Mendoza. Con un timing sospechoso, surge una resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en la que suspende de sus derechos partidistas al funcionario pejista. Violencia de género en contra de una militante, conducta en la que ha sido reincidente, es la causa de la sanción.
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Resulta evidente que Morena en San Luis no necesita enemigos políticos externos, pues las propias tribus se pintan solas para luchar entre sí.
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Prueba de ello es el raspón que le propina el dirigente estatal morenista, Sergio Serrano al funcionario federal, revelado el fallo de la CNHJ.
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El fallo tiene sólo efectos partidistas, pues no afecta el cargo federal de Gabino Morales, pero queda claro que sigue causando resquemor en la militancia.
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La atención ahora estará en López Obrador, que seguramente tendrá una reacción durante su visita a Cedral. Independientemente de ésta, queda claro que los morenistas potosinos están en medio de una encarnizada pelea por el poder.
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Primero fueron sus empresas, ahora le tocó al ex diputado local José Luis Romero Calzada ampararse. El pasado viernes, el controvertido personaje presentó una petición de amparo, que quedó registrada como la 61/2019 ante el Juzgado Cuarto, ante el bloqueo de cuentas en Banorte y BanBajío, ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. El político conocido como “Tekmol” es blanco de esas medidas por su presunta participación en el robo de gasolina y el blanqueo de sus ganancias.
