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El cerco se cierra en torno del ex diputado José Luis Romero Calzada. De las versiones, amparos fallidos y los patéticos deslindes, se llegó ya al bloqueo de las cuentas del ex legislador y de dos de sus empresas.
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La medida de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de pedir a los bancos que informen sobre las cuentas bancarias del político potosino y de dos de sus empresas implica también un virtual embargo al dinero depositado ahí.
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La información difundida por El Financiero es el más reciente clavo al ataúd de la vida pública de Romero Calzada, ya muy deteriorada por los esperpénticos episodios de su paso por el Congreso local. Y nos acerca a la conclusión de que Romero Calzada está ligado a las actividades delictivas.
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Y pese a sus esfuerzos, el ex diputado no atina a cómo defenderse. Cuando empezaron a difundirse sus fracasos legales de Romero Calzada al intentar obtener un amparo, la contramedida del ex diputado fue un video en redes sociales que sólo generó pena ajena.
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Luego, tras conocerse el bloqueo de las cuentas, una de las empresas involucradas, el Grupo Gasolinero Romcar, promovió otro amparo, pero fue tan deficiente que el juez tuvo que indicarle qué errores tenía y cómo debía corregirlos.
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Que el representante legal de la empresa sea un antorchista explicaría las cosas.
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El asunto es que Romero Calzada no tiene margen ante la ofensiva legal del gobierno de AMLO y, quizá, la próxima vez que volvamos a saber de él sea a través de una orden de presentación.
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El Congreso del Estado vuelve a actuar a contracorriente de su propio discurso. La versión de que contaba con recursos propios de hasta por 20 millones de pesos para adquirir un inmueble que proyecta usar como archivo, bodega y estacionamiento se desmorona al revelarse que en diciembre, la Jucopo solicitó que se pidiera una partida de nueve millones de pesos al gobierno de Estado.
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No se sabe si ese dinero fue entregado ni tampoco por qué, contra lo que se esperaba, devolvió al presupuesto estatal de 2018 doce millones de pesos… de la partida con que pensaba comprar el inmueble.
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En suma, un enredo, como varios en los que está incurriendo esta administración.
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El cambio de gobierno municipal en la capital parece que no tuvo mayor efecto en la actuación de la delincuencia, según la nueva encuesta de percepción de la inseguridad del Inegi en el cuarto trimestre del año pasado.
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Con Gallardo y con Nava, San Luis capital sigue igual de mal en inseguridad. La ciudad permanece entre las primeras 20 ciudades del país con mayor percepción de inseguridad.
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¡HASTA MAÑANA!
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La medida de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de pedir a los bancos que informen sobre las cuentas bancarias del político potosino y de dos de sus empresas implica también un virtual embargo al dinero depositado ahí.
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La información difundida por El Financiero es el más reciente clavo al ataúd de la vida pública de Romero Calzada, ya muy deteriorada por los esperpénticos episodios de su paso por el Congreso local. Y nos acerca a la conclusión de que Romero Calzada está ligado a las actividades delictivas.
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Y pese a sus esfuerzos, el ex diputado no atina a cómo defenderse. Cuando empezaron a difundirse sus fracasos legales de Romero Calzada al intentar obtener un amparo, la contramedida del ex diputado fue un video en redes sociales que sólo generó pena ajena.
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Luego, tras conocerse el bloqueo de las cuentas, una de las empresas involucradas, el Grupo Gasolinero Romcar, promovió otro amparo, pero fue tan deficiente que el juez tuvo que indicarle qué errores tenía y cómo debía corregirlos.
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Que el representante legal de la empresa sea un antorchista explicaría las cosas.
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El asunto es que Romero Calzada no tiene margen ante la ofensiva legal del gobierno de AMLO y, quizá, la próxima vez que volvamos a saber de él sea a través de una orden de presentación.
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El Congreso del Estado vuelve a actuar a contracorriente de su propio discurso. La versión de que contaba con recursos propios de hasta por 20 millones de pesos para adquirir un inmueble que proyecta usar como archivo, bodega y estacionamiento se desmorona al revelarse que en diciembre, la Jucopo solicitó que se pidiera una partida de nueve millones de pesos al gobierno de Estado.
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No se sabe si ese dinero fue entregado ni tampoco por qué, contra lo que se esperaba, devolvió al presupuesto estatal de 2018 doce millones de pesos… de la partida con que pensaba comprar el inmueble.
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En suma, un enredo, como varios en los que está incurriendo esta administración.
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El cambio de gobierno municipal en la capital parece que no tuvo mayor efecto en la actuación de la delincuencia, según la nueva encuesta de percepción de la inseguridad del Inegi en el cuarto trimestre del año pasado.
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Con Gallardo y con Nava, San Luis capital sigue igual de mal en inseguridad. La ciudad permanece entre las primeras 20 ciudades del país con mayor percepción de inseguridad.
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¡HASTA MAÑANA!
