Funcionarios y exfuncionarios, en lista del Ejecutivo para el PJE

Decenas de funcionarios en activo y exfuncionarios estatales y municipales, sobre todo, abogados y trabajadores del Supremo Tribunal Justicia del Estado (STJE), forman parte de la lista de las personas elegibles seleccionadas por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado para el proceso electoral local extraordinario 2025.

De acuerdo con una revisión a la publicación divulgada en el Periódico Oficial del Estado (POE), 28 corresponden a candidaturas a magistraturas, 15 al Tribunal de Disciplina Judicial y 75 para juzgadores de primera instancia.

De las 118 personas elegidas, la mayor parte laboran en el STJE, ya sea como actuarios, secretarios de Estudio y Cuenta, así como diversos puestos judiciales; otros laboran en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

En cuanto a perfiles que actualmente trabajan o trabajaron en la función pública, se encuentran de la administración estatal actual y de las anteriores, lo mismo con gobiernos municipales.

Algunos son: Héctor Vega Robles, abogado penalista y exsecretario general del gobierno estatal durante la administración de Marcelo de los Santos Fraga; Daniel Gámez Macías, delegado de Interapas en Soledad de Graciano Sánchez y hermano del diputado Luis Fernando del PVEM; Yoloxóchitl Díaz López, exalcaldesa solendense.

Destacan Cándido Ochoa Limón, hijo del exsecretario general del mismo nombre, fallecido el 16 de abril del 2022; y Óscar Ricardo López Leyva, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Del Gobierno del Estado aparecen: Jesús Edgardo Ramírez González, director general de Gobierno Abierto hasta el año pasado; Víctor Hugo Valadez Galván, apoderado del gobernador; Claudia Elena Medellín Mendoza, exdirectora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) Unidad Cerritos.

Además de Juan Carlos Ballín Rodríguez, dirección General de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata; María Magdalena Villegas Villegas, excoordinadora general de Medidas, Preliberaciones y Sanciones restrictivas de la libertad y Verónica del Pilar Castillo Nieto, funcionaria de la Defensoría Pública.